Por lo menos hasta ahora la muestra de presiones políticas contra autoridades (municipales), que no responden a la filiación oficialista, tiene el objetivo de eliminar a las mismas del escenario citadino e imponer en esos cargos a muy obsecuentes seguidores de la instancia partidista que domina el país, aunque lo hace -en estos casos- desconociendo abiertamente la voluntad del pueblo que designó alcaldes por voto libre, espontáneo y popular.
Las referencias noticiosas confirman que en algo más de tres meses desde que ocurrió la posesión de nuevas autoridades hasta media docena de alcaldes han perdido su silla comunal, algunos temporalmente, otros quién sabe de forma definitiva y hay muy pocos que estarían en la “cuerda floja”.
Según los analistas políticos parece que se usan los argumentos más variados para destruir a los opositores y si en el caso de La Paz se utiliza al Contralor General, de clara tendencia oficial, en otros distritos se recurre a ciertos “movimientos ciudadanos” y sus eventuales dirigentes para buscar de otro modo anular a las autoridades comunales. Sucedió en Sucre y Potosí, puede ser en Oruro, lo que significaría desconocer la “voluntad del soberano”.
Los únicos opositores que pueden estar seguros, en tanto asistan regularmente a sesiones, son los parlamentarios aunque también se mencionan algunas argucias para estremecer sus curules.
No están tranquilas las aguas en que se mecen los gobernadores de oposición que sosteniéndose también con la legalidad del voto ciudadano a su favor, tienen ahora en contra una serie de imputaciones formales que manejan desde el Ministerio Público, instancia que se asegura responde a instructivas del poder central, de ahí que los procesos dirigidos a opositores avanzan con la premura que una decisión política amerita en las circunstancia de cambiar el espectro político nacional.
En la Asamblea se apuró el tratamiento de la Ley contra el racismo y ahora pese a los cuestionamientos formalmente planteados no se abren perspectivas para adecuarla con sentido de equidad a las circunstancias propias de una norma que no altere la convivencia pacífica, al limitar el derecho a la libre expresión y amenazar a periodistas y medios.
Está en “tapete” otro proyecto, que se sumará a los ya vigentes, para poner “contra la pared” a más opositores a través de la Ley de Juicios de Responsabilidades cuyas estipulaciones afectarán a los políticos que están fuera del país, pero también a los que se mantienen dentro la Nación y que al irradiar ideas contrarias al sistema vigente se convierten en la sombra que resta credibilidad ciudadana a la gobernabilidad política.
Bajo estas alternativas es prudente reflexionar sobre los males que ocasiona la presión política que está en contra de los resultados democráticos que se dieron en las urnas y que aún sin ser del agrado de la mayoría gobernante merece respeto, pues se trata simple y llanamente de la voluntad del pueblo que eligió a sus representantes en varios distritos los que deben trabajar para responder a la confianza de sus mandantes.
No respetar las condiciones propias de un Estado Democrático es cambiar la figura hacia una situación de intolerancia muy peligrosa que puede derivar en resistencia lógica de una buena parte de la ciudadanía que desea un cambio positivo, con apego a las leyes, los valores humanos y los derechos ciudadanos.
Fuente: LA PATRIA
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