En la aduana no acaban las sorpresas, de manera general hay inusitada información seguida de puntualizaciones o aclaraciones que se relacionan con el trabajo directo de los funcionarios, administrativos y técnicos pero además del sistema represivo que se denomina COA.
La presidenta de la aduana desde que comenzó su gestión anunció una serie de cambios en la estructura administrativa, con el objeto de “limpiar algunas impurezas” al interior de la institución y no sólo mejorar sino cambiar la imagen -bastante- deteriorada de un organismo que se considera clave en la generación de recursos económicos para el Estado.
Más allá de buenas intenciones y no pocas razones la aduana sigue siendo una “piedrita” en el zapato del Poder Ejecutivo… pues no se aclara un problema cuando ya está surgiendo otro con características que de manera directa afectan la seriedad del organismo en el control de puestos fronterizos por donde ingresa al país abundante y variada mercadería, en la mayoría de los casos sin pago de los impuestos y derechos establecidos según lo han reconocido las propias autoridades aduaneras.
No bastan operativos de alto vuelo u otros de menor escala, más los de orden casi rutinarios, para frenar el contrabando el gran problema es que además se ha detectado la complicidad de personal y técnicos aduaneros, funcionarios de almacenes y hasta encargados de balanzas en puestos de control con los contrabandistas que mueven grandes capitales y por lo visto iguales sobornos.
Un caso sucedido en la aduana de El Alto mostró un flagrante delito que sólo pudo ser practicado con una combinación de contrabandistas con funcionarios del organismo. Otros hechos suceden frecuentemente en los puestos de frontera y son los que “facilitan” la introducción de mercadería sin registro y sin pago legal de impuestos.
En términos técnicos de la actividad aduanera hay pasos especiales que no se cumplen gracias a las buenas relaciones de “piloteros”, contrabandistas y estos con los funcionarios de aduana, de modo que existe una cadena que hasta el presente no ha podido ser destruida y consiguientemente la liberación de mercadería sospechosa de contrabando sigue vigente, mientras en las ciudades, caso de Oruro, se efectúan operativos en depósitos de comerciantes que si bien compran y venden esos productos, introducidos ilegalmente, no son los directos responsables del contrabando.
Indudablemente que existe una falla que si bien no es desconocida es muy enraizada al interior de la Aduana de manera general, por lo tanto se trata de una serie de vínculos, que todavía no han sido cortados y que permanecen casi intactos en el esquema de control, lo que facilita a “ojos vendados” el paso de grandes camiones de contrabando por los puestos fronterizos, donde sólo una parte se registra legalmente y la otra se “anota” para fines de compensación.
Mientras no se ordene internamente la aduana, en tanto no se emitan claras disposiciones relacionadas con la universalización del sistema tributario y con las escalas muy definidas en función al manejo de capitales y el pago de los impuestos al SIN el problema de contrabando y evasión persistirá a vista y paciencia de aduaneros y una mirada de soslayo de los inspectores fiscales.
Fuente: LA PATRIA
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