Es evidente que cualquier proyecto que se presente en el ámbito nacional, que además se desarrolle en una determinada jurisdicción departamental, tiene necesariamente su connotación política pues se da el caso que todavía no está en plena vigencia el sistema de autonomías como para desligar las responsabilidades del poder central y asumir directamente la potestad regional en los emprendimientos de desarrollo.
Lo que sucede actualmente es que cualquier proyecto que se ponga en marcha tiene su sello político y además está sujeto a la voluntad del Poder Ejecutivo desde donde se manejan los hilos que pueden dar movimiento rápido a cualquier plan de actividad o simplemente detenerlo con algún argumento que sea utilizado como pretexto válido para quedar paralizado por tiempo indefinido.
Lo más negativo del hecho de politizar los proyectos regionales es que se pierde muchísimo tiempo en establecer predominio partidario y lo que es peor en imponer criterios técnicos o financieros que respondan expresamente a las instructivas superiores, sin tomar en cuenta en muchos casos las razones de profesionales, instituciones o importantes segmentos sociales.
Por lógica consecuencia es difícil entender que cualquier proyecto encaminado sea de pleno agrado de una comunidad, si se lo plantea por ejemplo desde el sector oficialista. Sucede lo mismo a la inversa, es decir cuando el proyecto es propuesto por organizaciones regionales, son los altos jerarcas del Poder Central que tienen sus objeciones y en esa doble intencionalidad de predominio el perjudicado es el pueblo en su conjunto.
Mencionamos estas condiciones especiales de la actividad cotidiana con la intención de evitar problemas al pueblo de Oruro ahora que tiene en marcha por lo menos tres de sus más ambiciosos planes de desarrollo, el Puerto Seco, la ruta bioceánica y el aeropuerto internacional que son eslabones de una misma cadena de productividad que deben marchar al unísono, paralelamente y sin que existan trabas políticas que interfieran su desarrollo.
Si algo es necesario y urgente en su aplicación es el diálogo entre las partes que se enfrentan sin razones valederas, excepto las de orden político sectario que siendo las más perjudiciales debieran ser minimizadas para dar paso a otra característica de validar los proyectos, otorgándoles la importancia que cada uno requiere para su inicio, desarrollo y feliz culminación.
El diálogo abierto, el debate franco, el intercambio de opiniones en un ambiente de respeto y la comprensión plena de las propuestas que puedan exponerse en función de mejorar un proyecto, deberían ser normas de practica permanente entre los protagonistas de esos hechos que ahora enfrentan a parlamentarios, incluyendo a dirigentes cívicos y laborales retrasando en todo caso la toma de decisiones que son básicas para asegurar los emprendimientos.
Hay que poner una dosis de buena voluntad y amplitud de criterio para que el nuevo documento estatutario del proceso de autonomía responda al criterio de absolutamente todos los sectores sociales, de manera que una vez aprobado sea la garantía que necesitamos para encarar nuestros más caros anhelos.
Hay que despolitizar el tratamiento de nuestros proyectos y buscar un acuerdo de entendimiento y respeto entre partes con el objeto de hacer viable lo que nos está haciendo falta: Desarrollo de verdad, sin contaminación política.
Fuente: La Patria.-
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