De la “Ley Mordaza” a la “Ley Clausura”

Aplicar una “nueva norma” que condiciona, coacciona, amedrenta, amenaza, coarta, limita, veta y viola la libertad de expresión es la pretendida imposición del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de su bancada en la Asamblea Plurinacional quiere aprobar una ley contra la discriminación, en idéntica actuación segregacionista como cuando se quiso aplicar la “Ley Mordaza”, propuesta por el senador Rolón Anaya, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora.

La intención es exacta y hasta parece ser repetitiva y cíclica, puesto que pasamos de la “Ley Mordaza” que propuso el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) a la “Ley Clausura” presentada por la bancada del MAS, donde con seguridad existen resabios neoliberales -como dice el presidente Evo Morales- que tienen ganas de “frenar” a la prensa y evitar que los medios de comunicación continúen informando a la población.

La Libertad de Expresión y el Derecho a la Información no son concesiones ni favores de ningún gobierno, son la norma que rige como única garantía para preservar la democracia y respetar los derechos ciudadanos. Por lo tanto, estos pilares de la vida democrática que tenemos en Bolivia no pueden ser vulnerados, porque si se aplica la “Ley Clausura” estarán conculcando los derechos consagrados en la Constitución Política del Estado Plurinacional y será una norma inconstitucional.

Si se quiere luchar contra el racismo como justifican los diputados que aprobaron en primera instancia la “Ley Clausura”, proyecto que se conoce como la ley antirracismo, que en su artículo 16 establece: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”, muestran odio y rencor contra los medios de información y los periodistas, confirmando una actitud racista que tienen contra la prensa y los medios de comunicación.

Sin embargo, es importante aclarar que quienes afirman ser víctimas de discriminación y abusos de poder, son precisamente los que ostenta el poder y están a cargo de la conducción del Estado Plurinacional, proponiendo leyes y aplicando las medidas que como las leyes de Régimen Electoral, Órgano Judicial y el proyecto de Ley contra el Racismo, vulneran el derecho constitucional consagrado en los artículos 106 y 107 de la Constitución Política del Estado donde garantiza y reconoce la Libertad de Expresión.

Para evitar que exista vulneración a las leyes, los legisladores más bien deberían exigir que se aplique el Decreto 28168 de mayo de 2004, donde se reglamenta el libre acceso a la información en entidades públicas, porque las autoridades del Estado Plurinacional deben garantizar el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo, como única fórmula para combatir la corrupción.

Asimismo, se debe cumplir lo establecido en el Decreto 214 y ejecutar el Programa Nacional de Transparencia (PNT) que impulsa el gobierno de Evo Morales, para que los ejecutivos de las instituciones, entidades y empresas del Estado, entreguen informes quincenales sobre el avance de su gestión, con información oportuna desde las Unidades de Transparencia, lo que permitirá transparentar la administración, racionalizar y justificar el gasto, además de conocer las sanciones se aplican a las autoridades y funcionarios involucradas en actos de corrupción.

No permitir el libre acceso a las fuentes de información de las instituciones públicas del Estado Plurinacional es violar la Constitución y resulta igual de perjudicial que la aplicación de las restricciones contenidas en el artículo 16 del proyecto de la ley contra el racismo, ahora conocido como la “Ley Clausura”, porque la mayor amenaza contra los medios y los periodistas, es el cierre de su fuente laboral.

La Libertad de Expresión no es un derecho que favorece a los periodistas o los medios, sino más bien corresponde ejercer a todos los ciudadanos para estar bien, correcta y oportunamente informados sobre el trabajo de las autoridades de los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, como norma de transparencia de todo gobierno democrático.

La defensa de los periodistas por la Libertad de Expresión y el Derecho a la Libre Información es inclaudicable y no se negocia ni se transa porque la Libertad de Prensa es también un derecho universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y constituye el principio y fin de toda vida democrática.

(*) Periodista