El problema del abastecimiento de cemento que desde hacen 30 días afecta al país con severas contracciones, exclusivamente, para el sector de la construcción, aparentemente, no es producto de un desequilibrio entre la oferta y la demanda, sino el resultado de todo un complejo accionar de las fuerzas económicas y políticas vigentes que presionan sobre la producción y provocan una inevitable caída en la productividad y, cuyo resultado final, se muestra abiertamente en la inescrupulosa actitud de los especuladores que decidieron “ganar en río revuelto”, con sus connotaciones que derivan en incertidumbre, inflación, inestabilidad social y, con mayor incidencia, en el desempleo.
Este resultado traduce también los efectos de la “guerra fría” o “mediática” que desde el gobierno, en el frente oficial, y desde el sector privado, desde lo particular, provoca en los trabajadores, muy especialmente, del sector constructor por el temor de quedar cesantes en el corto plazo, en un momento muy sensible y crítico que imponen las políticas de transición que aún no definen el curso que históricamente debe adoptar el país, en sí, los más afectados por la gradual paralización de obras y no sólo en edificaciones urbanas, sino en el área rural donde se ejecutan proyectos a cargo de los varios niveles de gobierno.
En criterio de los empresarios y algunos analistas económicos, la “crisis del cemento” es consecuencia de la falta de provisión de gas natural que forma parte de su estructura productiva, como elemento que permite la cocción del material que se transforma en cemento y, además, de otros usos en las plantas industriales instaladas en 6 de los nueve Departamentos de Bolivia, bajo tuición del Estado y de la empresa privada con participación accionaria del capital transnacional.
La incertidumbre también es producida en todo el territorio nacional por la “campaña mediática” desatada después de la “nacionalización” de las acciones de Soboce en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), y que es alimentada por otros dos elementos que presionan sobre la sociedad: La acción inescrupulosa de los especuladores que subieron los precios de Bs. 50 promedio hasta Bs. 70 y, en algunos casos, hasta 65 “casado” con fierro de construcción, como ocurre en la ciudad de El Alto, dicho sea de paso, la ciudad más pobre de Bolivia.
La solución, de hecho, no está en la importación del producto ya sea de Venezuela o del Perú, como se había anunciado, puesto que, el primero importa cemento para satisfacer sus necesidades y, el segundo, provee al mercado occidental de Bolivia a precios mucho mayores, en razón del nivel de comportamiento de su economía. En ambos casos, si se diera el hecho de pedir grandes volúmenes para frenar el proceso especulativo, sólo estaríamos alimentando el fuego y consolidando un nuevo elemento para el ascenso de la inflación interna que, lamentablemente, durante el primer semestre ya alcanzó un nivel de dos dígitos.
Los mensajes mediáticos distorsionaron también la idea de la estructura societaria de la industria del cemento en Bolivia, al hacer hincapié en que existe un “monopolio secante” que “hace lo que le da la gana en Bolivia”, lo cual no es cierto. No se trata, en este artículo, de defender a la empresa o al político que es objeto de la línea de acción mediática, sino de enviar un mensaje que aclare conceptos que respondan a la verdad, escritos en las normas de la ética que exige nuestra sociedad.
La composición societaria de la industria del cemento en Bolivia, está conformada por el capital estatal o público, la empresa privada nacional y el capital transnacional mexicano, si no estoy equivocado. Tenemos plantas en Viacha (La Paz), El Puente (Tarija), Santa Cruz y Oruro, con capitales nacionales y mexicanos, Irpa Irpa, en Cochabamba, de carácter cooperativo y participación del Estado, así como, Fancesa, en Chuquisaca, en la actualidad, enteramente estatal.
El temor de los empresarios, en general, y de quienes dedican su tiempo al análisis del comportamiento del mercado y de las variables macro económicas, es que en Bolivia se haya iniciado un proceso de presión especulativa para degradar en el mercado de valores, el precio de cada acción que forma parte de la industria del cemento y, de esta manera, abrir los espacios para enfrentar una decisión política de nacionalización del conjunto de las plantas industriales, a la inversa de lo ocurrido cuando el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, había decidido transferir las empresas del Estado al capital transnacional, a “precios de gallina muerta”.
En ambos casos, quien pierde es el Estado y quien paga es el pueblo boliviano. Nada es gratis y ya hemos vivido esas experiencias, en múltiples oportunidades.
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