Cuando se habla de regulación por supuesto que se trata de una decisión voluntaria que han asumido los empresarios de medios de comunicación, pero también los periodistas, en la alternativa de ponerse a buen recaudo de las presiones y agresiones que se han producido con inusitada frecuencia y en esos dos niveles.
Lo peor del caso es que una serie de hechos aislados protagonizados por los “movimientos sociales” han colocado contra la pared a periodistas que han sido agredidos alevosamente, mientras que con el mismo origen “social” se han amedrentado, por un lado y atacado por otro, a ciertos medios de comunicación.
Naturalmente que en tales condiciones resulta una aventura tratar de cumplir las tareas periodísticas con seguridad y garantías y además con el riesgo de que cualquier artículo o comentario sea motivo de rechazo por afectados con críticas del pueblo, pero “colgadas” en su responsabilidad a los periodistas o los medios, por eso surge la necesidad de practicar la autorregulación para no despertar la incomprensible ira de quienes no aceptan críticas.
Pero algo hay que dejar claramente establecido… y es que como mencionamos líneas arriba existe una decisión particularizada, personal e institucional, para regular la actividad periodística resultado de voluntades y criterios de los protagonistas, lo que se denomina la autorregulación, que de ningún modo puede tipificarse como autocensura.
En la vía siempre explicativa de esas decisiones de seguridad y por respeto a la comunidad, que lee, ve TV o escucha radios señalar claramente que no se admitirá bajo ninguna circunstancia una “regulación estatal” como la que muy sutilmente se quiere imponer y que ahora se presiona a través de una atentatoria definición contenida en la Ley contra el racismo que vulnera abiertamente la libertad de expresión y conmina a “cuidarse más” a periodistas y empresarios de medios, en ambos casos amenazados con cárcel o con perder sus licencias de operación… y en alguna circunstancias una doble sanción.
Lo que debe saber la ciudadanía es que bajo ninguna condición se admitirá una intromisión estatal en lo que a regulación del trabajo periodístico se trata porque tal circunstancia eliminaría directamente la garantía de veracidad y de imparcialidad que tienen los medios para informar a la población en general y defender sus derechos, pues de eso trata la responsabilidad de medios y de periodistas.
Está transcurriendo un tiempo de cambios, la ciudadanía quisiera que los mismos fueran de beneficio colectivo y no de restricciones sectoriales. Nadie se opone a una ley contra el racismo pero la misma deberá aplicarse justamente en directa relación con el respeto a la democracia y los derechos humanos, previo análisis de una situación reinante en la actualidad cuando el racismo está en profunda relación con los actores del poder y no a la inversa.
Por esas circunstancias periodistas a través de los medios, deben profundizar su trabajo responsable para garantizar imparcialidad y veracidad, elementos que se traducen en credibilidad, atributo al mismo tiempo de la prensa libre y sin mordaza que no cede ante ninguna intimidación.
Fuente: LA PATRIA
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