4 disposiciones de ley antirracista amenazan a medios y periodistas
19 sep 2010
Fuente: La Paz, 18 LA PATRIA.-
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La Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, que ahora se encuentra en el Senado Nacional, tiene al menos cuatro disposiciones que amenazan con afectar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación, que iniciaron una movilización sin precedentes para exigir la modificación de aquel instrumento en elaboración.
Desde hace dos semanas, el debate se ha centrado en el artículo 17 del proyecto de ley y que luego se ha convertido en el 16. “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”, establece la citada disposición.
Sin embargo, una lectura más detallada del proyecto de ley que se encuentra en la Comisión de Constitución del Senado, permite hallar otras tres disposiciones, cuyo espíritu es el control de la programación o contenido de los medios de comunicación y/o la reclusión de trabajadores de prensa o propietarios que hubiesen sido hallados culpables de actos racismo o discriminación.
Las organizaciones de medios de comunicación y periodistas se han alzado contra algunos artículos de la ley con el argumento de violan la libertad de expresión.
El senador Eduardo Maldonado convocó al oficialismo y a los gremios de periodistas y medios de comunicación a flexibilizar sus posiciones para lograr un acercamiento y una redacción de las disposiciones cuestionadas.
El artículo 6 de la mencionada ley abunda sobre las medidas de prevención que el Estado Plurinacional de Bolivia debe adoptar, como parte de una política de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación, en todo el territorio nacional.
En el ámbito de la información y la comunicación, la ley obliga al Estado a adoptar una política que, en el caso de los medios de comunicación, implique acciones precisas.
“Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación, en relación a su responsabilidad de generar opinión pública conforme a la Constitución Política del Estado”, señala parte del artículo 6.
En el mismo artículo añade dos acciones que obligan a los medios de comunicación a respaldar las políticas estatales contra el racismo y la discriminación.
El tercer punto de la controvertida ley se encuentra en el artículo 23, que modifica el Código Penal, incorporando un capítulo denominado “Delitos contra la Vida, la Integridad y la Dignidad del Ser Humano”, lo que significa la modificación del artículo 281.
En esencia este artículo establece las penalidades contra todas las personas que incurran en delito de racismo o discriminación. Como la ley no reconoce fuero alguno, incorpora dos párrafos relacionados con los medios de comunicación y periodistas.
“La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promueva y/o justifique el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter., o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionada con la pena privativa de libertad de uno a cinco años”, señala en el subtítulo denominado Difusión e Incitación al Racismo o a la Discriminación.
Además complementa, en otro párrafo, que cuando “el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Hasta ahora las organizaciones gremiales de periodistas, trabajadores de prensa y medios de comunicación se movilizaron por lo señalado en el artículo 16 y el 23 de la mencionada ley.
Pedro Glasinovic, presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, destacó la apertura del presidente de la Comisión de Constitución del Senado para escuchar a los organizaciones de periodistas y medios, pero expresó su temor de que el oficialismo responda a una instrucción superior y decida aprobar la ley sin modificación alguna.
“Si existe una instrucción para votar, todos nuestros esfuerzos habrán sido vanos y la democracia será dañada y se violará el derecho al trabajo, contemplado en la misma Constitución”, dijo Glasinovic.
El periodista informó también que la Asociación de Periodistas prepara la argumentación y propuesta para la audiencia pública en la que se abordará esta ley.
La cuarta disposición del proyecto de ley es la de un comité nacional que tendrá la tarea de diseñar e implementar políticas y normativas integrales contra el racismo y toda forma de discriminación.
Dicho comité, la instancia más importante del Estado Plurinacional en la materia, estará bajo tuición del Ministerio de Culturas y estará compuesto por representantes de ocho ministerios del Poder Ejecutivo, y por otros del Órgano Judicial y el Electoral, como de gobernaciones, municipalidades y de las autonomías indígenas.
El proyecto cita también que organizaciones sociales, indígenas y campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y de grupos sociales vulnerables, serán parte del Comité.
Glasinovic recordó que en el primer proyecto se señalaba a una existente federación de trabajadores de la prensa de Bolivia, como integrante del Comité, pero está claro que en el proyecto aprobado en Diputados, optaron por no citar a las organizaciones de medios de comunicación o periodistas.
Fuente: La Paz, 18 LA PATRIA.-
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