Lo que se observó en los intentos de las ex autoridades de la Prefectura era justamente imponer un “estatuto autonómico” hecho a la medida de las necesidades políticas del Gobierno y de sus colaboradores directos en cada uno de los departamentos, especialmente en aquellos en los que todavía existía la esperanza de adecuar esa nueva normativa a fines estrictamente partidarios, no así en los distritos en los que propiamente ya se impulsaron procesos originados en criterios institucionales y populares.
La situación de Oruro pasó por experiencias muy particulares, tanto así que en un referéndum los resultados apuntaron abrumadoramente a rechazar las alternativas de ingresar en el cambio hacia la autonomía. El trabajo político partidario de entonces fue importante para motivar una conciencia además de enfrentamiento entre occidente con el oriente, la “media luna” era motivación para establecer esas injustas actitudes.
Pasaron otras alternativas y se presentó la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de plantear un proceso autonómico que respete el interés de la comunidad en general y no sólo de “movimientos sociales”. Entonces se produjo el cambio de mentalidad de los orureños que comenzaron a ver con sentido práctico la urgencia de encarar ese cambio hacia la libertad de poder administrar la explotación, uso y comercialización de nuestras riquezas naturales para ordenar nuestros gastos y priorizar los proyectos de desarrollo.
Oruro confronta -de siempre- el grave problema de la dependencia del poder central, inclusive influye negativamente la proximidad geográfica con la sede de Gobierno, tanto así que hasta se calificaba a Oruro “como el patio trasero de La Paz”, por tanto la atención y solución de sus problemas siempre fueron postergándose que a la fecha todavía tenemos un pliego petitorio que data de años atrás y consigna problemas no resueltos.
Bajo esas condiciones vigentes la alternativa del presente y justamente bajo el asesoramiento directo del Ministro de Autonomías es que se abrirá “la ruta para la construcción del estatuto autonómico orureño” y se logrará elaborar esa carta de vida regional consensuando criterios entre todos los sectores que son parte de la comunidad, en la ciudad y en del área rural.
Ahora bien, por la vigencia de normativas ya incluidas en la Constitución, la Asamblea Legislativa Departamental tendrá que dirigir el proceso y aunque tiene su “mayoría política oficialista” las condiciones son más propicias para democratizar el tratamiento de ese reglamento de autonomías bajo la celosa mirada de los representantes institucionales del departamento.
Estamos ante una coyuntura especial, la misma que debemos aprovechar al máximo para cambiar de verdad el destino regional sabiendo de nuestras potencialidades y de las opciones futuras que se enmarcan en los macro proyectos que garantizarán la seguridad y sostenibilidad del plan de desarrollo que deseamos todos los orureños para vivir mejor y sin depender del poder central, tan negativo y absorbente.
La entidad supra cívica departamental debe coordinar con los asambleístas del distrito la mejor manera de dialogar, debatir y aprobar las propuestas que sean presentadas por todos los sectores de nuestra comunidad para contar con un estatuto autonómico que sea reflejo de nuestras necesidades e inquietudes. De eso se trata y en eso debemos empeñarnos para no arrepentirnos después.
Fuente: LA PATRIA
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