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Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 Contradicciones entre los dichos y los hechos - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Aunque se quiera cambiar el sentido de las acciones en contra de los alcaldes de la oposición, lo cierto es media docena de éstas autoridades ya están fuera de sus puestos que han sido copados por militantes del partido oficialista. Se ha mencionado que no se trataría de hostigamiento político, sino de cumplir ciertas “normas legales”.
En un tiempo relativamente breve, pues hablamos de algo más de tres meses, seis alcaldes han sido removidos en base a “procesos judiciales”, lo que ha determinado calificar el asunto como una clara “judicialización de la política” al punto que, en una combinación de dosis adecuadas de las dos alternativas, se sacude las sillas de los munícipes que accedieron al cargo con respaldo del voto popular, que ahora política y judicialmente se desconoce.
De los seis alcaldes removidos, dos casos corresponden a ciudades, el de René Joaquino en Potosí y el de Jaime Barrón en Sucre; pero además la aplicación de la “normativa” vigente en la Ley Marco de Autonomías, dejaron en el camino a los alcaldes de Warnes, al de Quillacollo, de Bermejo y Punata.
Las presiones son instrumentadas a través de procesos que avanzan aceleradamente gracias a la acción de un Ministerio Público que responde a las incitativas de un poder central fuerte y que se extiende a la Contraloría General de la República, que pone su remache cuando así se necesita.
En ese ínterin de procesos especiales las consecuencias afectan seriamente a las autoridades opositoras, de manera general, como denuncian los afectados al señalar que se trata de una “limpieza de alcaldes no oficialistas” para que en tales cargos se extienda la red partidaria del Gobierno. Y por lo que se ve tal parece que esa es la motivación de los cambios que se han producido.
Dos casos están pendientes de novedades, por una parte la situación del Alcalde de La Paz, Luis Revilla que confronta una demanda penal interpuesta por la Contraloría por cuatro supuestos delitos. La respuesta de la autoridad elegida por los paceños fue contundente y se defendió demandando a su vez al contralor por evidencia en manejo irregular de documentos. El otro caso se mueve todavía entre bambalinas y tiene su víctima en la Alcaldía de Oruro, aunque por condiciones especiales de su llegada al municipio está resultando difícil encontrar argumentos para quitarle la silla municipal.
En todo caso lo que preocupa es la forma en que se busca sustituir a todas las autoridades de la oposición mediante circunstanciales procesos que obligan a renuncias o suspensiones temporales, lamentablemente desconociendo el valor del voto ciudadano y la voluntad popular que eligió personas y no partidos para estructurar el funcionamiento de las alcaldías del país.
Las contradicciones son patéticas en lo que corresponde a los dichos y los hechos en función de la política vigente. Mucho se habla del respeto a las leyes y la democracia y justamente se alteran esos preceptos, utilizando métodos reñidos con las libertades y los derechos, como está por suceder con el proyecto de Ley contra el racismo, que más bien alienta la división de clases y profundiza la discriminación.
Hay necesidad de reflexiones profundas entre quienes nos gobiernan para que más allá de los intereses, estrictamente partidarios, se establezca una norma de convivencia pacífica con respeto a las leyes y sin vulnerar los derechos de nadie. Los bolivianos queremos vivir en paz, unidos, pero con justicia y libertad.
Fuente: LA PATRIA
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