Sobre los conflictos en La Joya

Las semanas pasadas, éste matutino de manera muy responsable en su suplemento "perspectiva minera", publicó denuncias de los comunarios de La Joya, por el avasallamiento y los irreversibles daños ambientales, que vienen ocasionando un grupo de capitalistas, dirigidos por los Sres. Sergio Bacarreza, Gualberto Bautista, Marcos Veizán y Wilson Blacut, y tal parece que la Gobernación, hace oídos sordos ante semejantes denuncias, por lo que, como ciudadano orureño, considero oportuno hacer algunas puntualizaciones sobre ésta problemática y sus consecuencias, que podrían ocasionar graves daños al ecosistema, y en poco tiempo afectaría a quienes habitamos ésta noble ciudad del Pagador.

La interrogante: ¿Cómo es posible que la Gobernación, en más de cuatro meses de gestión, no haya analizado y solucionado el problema en La Joya?, tomando como punto de referencia una sola pregunta:

¿Cuánto generaría la Emcoisa constituida en Sociedad Anónima para las arcas de la Gobernación, respetando las normas legales, sociales, técnicas, productivas, económicas y ambientales, y por el contrario con la experiencia de las cooperativas, históricamente constituidas en una carga social para el Estado; cuanto aportaría la "Cooperativa La Joya", donde los únicos beneficiarios con una fuente laboral, aunque bajo condiciones precarias, son hermanos Norte Potosinos, que por la experiencia del trabajo de los contratistas en años, fue catastrófica para los comunarios, y peor para el medio ambiente?

Lo que nos queda claro es que la Gobernación, no tiene una visión autonómica y de autogestión a través de proyectos de envergadura, como podía ser en un futuro la Emcoisa Sociedad Anónima.

2° Para extraer carga, no era necesario trabajar en persona la mina, sino que, los contratistas traían gente del Norte de Potosí, quienes eran y aún hoy, los verdaderos mineros, mientras los contratistas, se dedican a otras labores en nuestra capital, o quizás cuidando sus inversiones en otros departamentos, un ejemplo demostrado por lugareños, fue que muchos residentes en La Paz, eran contratistas "mineros", y paradójicamente no conocían la mina, pero generaban grandes utilidades, ante la total ausencia de las autoridades de entonces.

¿Se puede apoyar una cooperativa, donde los socios, se constituyen en patrones, y donde el verdadero trabajador minero percibe ínfimos porcentajes de lo que se genera?, y sin ningún beneficio para la comunidad, la Provincia y la autonomía Departamental.

3° Concluidos los contratos individuales el 2008, los comunarios habrían comprado la concesión minera, y conformaron una empresa comunitaria, que según sus normas y autoridades, pretenden operar la concesión, basados en reglas de control social, técnico, productivo, económico y ambiental, convirtiéndose a través de las regalías e impuestos en un sostén económico para la Autonomía Departamental; cabe aclarar que Emcoisa habría ofrecido trabajo regular a todos los "contratistas", pero éstos vieron afectados sus intereses, pues con el sistema individual, sin conocer la mina, obtenían "grandes ganancias", pero con Emcoisa, ellos ganarían el pan de cada día como todo trabajador "con el sudor de su frente y no a costillas de terceros", quedando beneficiada además la sociedad.

Al parecer la Gobernación, hasta hoy no pudo hacer un sencillo análisis del tema. y vive aislada de la sociedad, de donde es parte la comunidad de La Joya, propietaria de la Concesión MInere, que a gritos pide respeto a la seguridad jurídica, y respaldo de las autoridades, a un proyecto que a buen entendedor, sería un orgullo del pueblo orureño y un aporte a las magras arcas departamentales.

4° Los contratistas, para mantener sus privilegios sin trabajar, y usando casco o guarda tojo, sólo en alguna que otra manifestación o acto público en nuestra capital, crearon la "Cooperativa La Joya", y seguir beneficiándose con el sudor de terceros, logrando obtener una personería jurídica; lo raro es que, ¿sobre qué concesión minera, obtienen éste documento?

La ex Prefectura, con todas sus carencias técnicas, nunca desconoció el derecho propietario de la concesión minera, y en cierta medida trato de solucionar el conflicto, que en el fondo vemos, es Por la ambición y ocio desmedidos, de los ex contratistas, que se niegan a aceptar leyes sociales, ambientales, técnicas, económicas; y es alarmante la posición de la Gobernación, deslindando su responsabilidad al Ministerio del ramo, desconociendo la normativa legal, que le atribuye competencias en éste tema, dejando en total indefensión a los humildes comunarios, que como el 1 de agosto fueron emboscados Por ex contratistas encapuchados, como se vio en los medios de comunicación, sin que a la fecha hayan noticias de las acciones que siguen las autoridades.

5° La comunidad públicamente viene clamando auditoria y una investigación, Por irregularidades de los ex contratistas, que incluye manejos de dinero, el lavado artesanal e ilegal de oro, usando sin medida, cantidades de mercurio, catalogado mundialmente como letal para la vida humana, echando sus pasivos ambientales sin reparo alguno al lago Cochawasa de La Joya, que ante las primeras lluvias, incrementará su volumen, desembocando luego en el río Desaguadero generando desastres ecológicos para más de un centenar de comunidades, y miles de comunarios de las laderas, que desde tiempos inmemoriales tienen como su fuente de vida éstas aguas, creando en corto tiempo la migración de miles de habitantes a nuestra capital, condenándolos a formar parte del grueso de desocupados.

Los orureños nos preguntamos: ¿Hasta cuándo esperaremos que la Gobernación asuma medidas? el mercurio constituye una bomba de tiempo, sus efectos causarían graves daños al ecosistema de la región, o ¿alguien espera un descalabro ambiental y social de proporciones, y recién revisar la Carta Magna, la Ley del Medio Ambiente, o las competencias que de manera general establece la Ley Marco de Autonomías? El 9 de septiembre, autoridades de la Gobernación y varios medios de comunicación, constataron la contaminación, el uso irracional de agua potable, amenazas a periodistas, y a los comunarios, parece que en La Joya rige "la ley del intocable y protegido"; entre tanto para distraemos, versiones oficiales dicen que: "se trata de problemas familiares", y nos preocupan más las declaraciones del Secretario de Minería, atribuyendo incompetencia de la Gobernación en el tema, cuando la Ley de Medio Ambiente es textual en cuanto a las competencias y responsabilidades.

Hago un llamado al Ministerio de Transparencia y Anticorrupción, “la omisión es también corrupción” y todas las instituciones vivas del Departamento, debemos pronunciamos sobre este tema, hasta me atrevo a pedir que las instituciones orureñas tomemos el control de esos recursos, coordinando con las autoridades de lugar.

¡Los recursos naturales son de los bolivianos, en este caso particular, de los orureños, pero parece que la Gobernación no lo entiende así!

¿O será verdad, que la omisión tiene otra cara?

(*) Antropólogo