El derrumbe que mantiene a 33 trabajadores atrapados hace más de un mes en un yacimiento del norte de Chile ha puesto de relieve la necesidad de fiscalizar y garantizar la seguridad en la actividad minera, reconocida como el máximo impulsor de la economía del país.
Los expertos afirman que la legislación que data de 1983 cuenta con la necesaria regulación para la seguridad de los operarios, aunque el problema está en la escasa capacidad para fiscalizar que estas medidas se cumplan.
"El reglamento de seguridad tiene más de 500 artículos. Regulación existe, el tema es cómo son los controles y las fiscalizaciones, y ahí está el típico problema de si el servicio tiene los funcionarios capacitados y si están los presupuestos", le explicó a BBC Mundo el profesor de derecho minero Hipólito Zañartu.
El especialista de la Universidad Andrés Bello afirmó que es en la pequeña minería donde más dificultades existen, aunque el accidente del yacimiento San José puso de manifiesto que a veces no se cumplen los mínimos estándares en la mediana actividad.
El derrumbe del 5 de agosto bloqueó el acceso de la mina ubicada en las cercanías de Copiapó, unos 800 kilómetros al norte de Santiago, y los 33 obreros no pudieron salir debido a que el ducto que tenía que servir como vía de escape no contaba con las escaleras necesarias.
Este hecho obligó a las autoridades a desplegar uno de los máximos operativos de la historia del país, que actualmente incluye dos máquinas perforadoras (más una tercera que se sumará en los próximos días) y que costará "varios millones de dólares", según el ministro de Minería, Laurence Golborne.
MAYOR REGULACIÓN
El suceso que mantiene a Chile y a parte del mundo con los ojos puestos en el desierto de Atacama hizo que se tomaran decisiones drásticas, como la destitución de la plana mayor del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la modificación de este organismo, por medio de la creación de una superintendencia para la actividad minera.
Además de estas medidas para incrementar la fiscalización, el gobierno de Sebastián Piñera formó un comité asesor externo para analizar el reglamento de seguridad y entregar sus conclusiones en 90 días, para elaborar proyectos que mejoren la ley minera.
Sin embargo, estas decisiones no son suficientes para los trabajadores del sector y, a juicio de la Confederación Minera de Chile, la clave pasa por exigir que las normas se cumplan.
"Pedimos que exista una regulación más drástica contra los inversionistas. Pero eso no significa que hay que ahuyentarlos, sino rayarles la cancha en la forma en cómo deben producir en nuestro país", le planteó a la BBC Mundo el presidente del organismo, Néstor Jorquera.
CONSECUENCIAS
Según el último índice de potencial de políticas mineras del Fraser Institute canadiense, Chile es el cuarto país más atractivo para la inversión en esta actividad tras Canadá, Finlandia y Estados Unidos.
La presencia de compañías multinacionales es mayoritaria en la gran minería, ya que "por un asunto de volumen de recursos son muy pocas las empresas nacionales capacitadas para hacerse cargo de estas explotaciones", según explicó Hipólito Zañartu.
Entre las grandes empresas mineras nacionales se destaca la estatal Corporación del Cobre (Codelco) o las firmas Escondida y Santa Inés de Collahuasi, donde las medidas de seguridad suelen ser extremas y la tasa de accidentes muy baja.
Es en la mediana y pequeña minería donde la situación es distinta, y una muestra es lo que actualmente pasa en el yacimiento San José.
Una de las mayores tragedias que se recuerda en la actividad se dio en 1945, cuando 355 mineros murieron por causa de una explosión en las cercanías de Rancagua, unos 90 kilómetros al sur de Santiago.
Tras ello se introdujeron sistemas de seguridad que hasta entonces sólo existían en Europa y Estados Unidos, y empezó a regir el concepto de prevención de riesgos. Hoy el mundo minero espera que algo similar surja como resultado de lo que se vive en el norte de Chile.
"Lo que pasó en Copiapó nos hizo dar cuenta de cuán débiles estamos los dirigentes sindicales porque en gran parte de lo que está pasando somos responsables nosotros, que no tuvimos la fuerza y el coraje de exigir las regulaciones", subrayó Néstor Jorquera.
Fuente: BBC Mundo, Santiago de Chile
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