El tema del libre acceso a la “información pública” ha sido considerado en variadas instancias, pero particularmente en las esferas de Gobierno y en su entorno más próximo que ahora es la Asamblea Legislativa.
Para salvar la dificultad que confrontan casi diariamente los periodistas al encontrarse con “puertas cerradas a la información”, especialmente en varios ministerios y de vez en cuando en el propio Palacio de Gobierno, se formularon los reclamos pertinentes, muchos de estos quedaron simplemente en algún canastillo de la burocracia estatal, por tanto sin efecto de cambio en la forma de responder a las inquietudes de la prensa, que a su vez recibe una presión directa de la ciudadanía que exige información estatal.
Muchos hechos de corrupción hubiesen quedado talvez en carpetas de documentos de “poco valor” que existen en las oficinas públicas de no haber sido por las oportunas denuncias de la prensa, que poniendo en juego el cuello de uno o más periodistas lanzaron la información que luego mostró la verdad de los hechos comprometiendo a ejecutivos de la Administración Pública, de entidades estatales de nivel superior y por supuesto muchos otros personajes que de uno u otro modo afectaron la imagen del Estado y sus gobernantes.
En función a la necesidad de contar con informes fehacientes y oportunos es que se demanda el libre acceso a la información pública, de tal modo que se cuente con los elementos necesarios para difundir las buenas y las malas noticias de cada fuente ligada al sistema gubernativo.
Ahora bien, respondiendo a la presión ejercida por organizaciones nacionales se han adelantado algunos pasos para elaborar un proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública, incorporando en su contenido una serie de artículos, algunos de los cuales prevén sanciones administrativas y penales para los funcionarios públicos que restrinjan la información a los medios de comunicación que a su vez tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía con veracidad y responsabilidad.
El proyecto ha sido presentado a fines de agosto a la comisión de Constitución de la cámara de diputados, donde se analizará en el curso de la presente quincena incorporando las sugerencias que presentaron diversas instituciones, algunas ligadas a los sectores empresariales y profesionales de la prensa.
Por supuesto que existirán limitaciones, por ejemplo aquella que califica cierta información como “secreta” y que no puede publicarse por razones estratégicas y que serán respetadas con la explicación del caso.
Empero hay otra restricción y es la que se denomina “confidencial” y puede estar relacionada con la salud, intimidad y el sentido de privacidad de las personas, que deberá ser objeto de un profundo análisis para evitar que bajo ese disfraz se oculten procesos que afecten al Estado y que desfiguren la realidad de algunos hechos irregulares.
Así como se marcaron sanciones para los periodistas y los medios, que en realidad se desempeñan bajo normas contenidas en sus códigos éticos y además la Ley de Imprenta, en adelante con la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” podrá sancionarse a los funcionarios -de cualquier nivel- que incumplan sus funciones, denegando información, obstruyendo el trabajo de información o de la justicia al no informar correcta y oportunamente. Esta ley debería mejorar la información proveniente de la “cosa pública”, esa es la idea.
Fuente: LA PATRIA
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