El proyecto para una nueva Ley de Pensiones que se propone imponer el órgano ejecutivo a través de un instrumento aprobado por el legislativo, ha generado “gran preocupación en la población económicamente activa” y, de hecho, se impugna desde los sectores más importantes de la actividad productiva, cuyos dirigentes advierten que adolece de una perspectiva real como para hacerlo sostenible en el tiempo y que no garantiza transparencia en su administración. Tal como está planteado el documento, el manejo de los fondos de pensiones podría reeditar experiencias pasadas y no sólo de Bolivia, sino de otras naciones de América Latina.
El borrador que, en esencia, es debatido a través de los medios de comunicación, ha generado en el país, una corriente de incertidumbre en todos los sectores de la sociedad productiva, en especial, en el magisterio y entre los trabajadores fabriles, especialmente, de La Paz, lo cual significa un importante conglomerado de personas que viven sicológicamente afectadas por lo incierto que les puede resultar su futuro.
El temor de estas personas radica en que la propuesta del gobierno incorpora nuevos elementos y contradicen principios que a través del antiguo sistema, conocido también como de reparto, y el último, de la capitalización individual, lograron asentar en la medida en que cada uno de los aportantes está consciente de la seguridad de que sus significativos ahorros, además, producen utilidades y, de esta manera, el Estado garantiza solidez financiera y su dinero le será devuelto cuando llegue el momento de su jubilación, en cuotas a la manera de un sueldo mensual.
Los sectores de trabajadores que perciben en la actualidad, un tratamiento oscuro del tema ante la diversidad de formas cómo se anuncia la estructura del futuro sistema que pretende imponer el Estado, tomaron las calles para protestar contra el proyecto y en demanda de una participación más activa en las conversaciones que realiza el gobierno con la cúpula de la Central Obrera Boliviana. En opinión de esos trabajadores y maestros, ambas partes, pertenecen a un sólo tronco y las llamadas “negociaciones” se convirtieron en un monólogo del Movimiento Al Socialismo.
De esta manera, el proyecto gubernamental en discusión, por la forma cómo se lo presenta en los medios de comunicación y por diversos actores, generalmente políticos, no garantiza su sostenibilidad financiera en el tiempo, no preserva las garantías exigidas debido al modelo de administración de los fondos que se pretende implementar desde el Estado y, finalmente, no genera un clima de confianza, por la evidente ausencia de sistemas de transparencia y confiabilidad en el manejo de los recursos de la jubilación de miles de ciudadanos que depositan sus aportes, cada mes, como quien deposita un “ahorro voluntario” en caja abierta en medio de la plaza pública.
La resistencia al modelo propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas, no sólo que genera desconfianza entre los trabajadores de todos los sectores, incluyendo los funcionarios públicos, sino que provoca temor ante una irremediable pérdida de los ahorros de toda su vida, como cuando se produjo la firma del tristemente célebre D.S. 21060 (agosto de 1985) que dejó en la calle a más de 50.000 trabajadores y sin esperanzas a unas 500.000 personas que vivían en torno a la minería privada y nacionalizada.
Estas son las experiencias que el pueblo no quiere nuevamente vivir y, peor, si el trabajador, empleado de oficina, profesional dependiente, funcionario público, hombres y mujeres, van ha colocar el 10 por ciento de su salario para financiar el denominado “sistema de la renta solidaria” que, en términos concretos, significa pagarle un salario a quienes no trabajan, ni les interesa trabajar porque, de hecho, sus ingresos, así sean mínimos, están garantizados.
La pregunta que surge en forma inmediata, es: ¿Qué pasará, si apoyados en el principio de la Ley y con la prerrogativa que les asigna ser militante oficialista, la mayoría aportante decide no trabajar y esperar el beneficio como lo hacen los que nunca trabajaron?.
El gobierno y su presidente, aparentemente, no están haciendo bien sus cálculos ni matemáticos, ni políticos.
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