El problema de límites entre departamentos nacionales no es de ahora, ni sólo de Oruro, aunque lamentablemente nuestro departamento tiene por solucionar problemas no sólo con Potosí, también con La Paz y Cochabamba.
El hecho se refleja en permanentes escaramuzas de vecinos de poblaciones de los departamentos hermanos, pero que generalmente causan malestar entre las comunidades orureñas, donde se “afincan” los vecinos y hasta avasallan concesiones mineras provocando la reacción de los propietarios “originarios” o de los mineros naturales.
Lo acontecido recientemente en el caso de Potosí tiene relación directa con límites en el cerro Pahua e involucra la pertenencia de Oruro y Potosí sobre yacimientos de piedra caliza, materia prima para elaborar cemento, pero además tiene que ver en el asunto la jurisdicción que reclama Oruro en parte del Salar de Uyuni, donde se explotará litio.
Más allá del problema exclusivamente limítrofe las aspiraciones potosinas están ligadas a otras reivindicaciones, como sucede también en Oruro que emitió su último pliego petitorio con una docena de planteamientos que deben ser considerados en niveles superiores con la mayor premura que amerita la situación para evitar… una reacción cívica de proporciones en la tierra natal del mandatario boliviano.
Por varios antecedentes, que se extienden a otros distritos nacionales, se confirma la inexistencia de una “ley de límites” que otorgue seguridad a la extensión territorial de cada uno de los nueve departamentos. La falta de ese documento, producto de una delimitación territorial interna y que además revise los tratados de fronteras vigentes con países limítrofes, permitiría reordenar la vigencia de los mapas originales, que como en el caso de Oruro demuestran la extensión de su territorio, que en muchos casos se alteró por la incursión de vecinos internos y la apropiación de tierras de cultivo o de yacimientos con importantes recursos naturales.
En el tiempo presente más allá de los trabajos emprendidos, según se dice, desde el año 2002 y que avanzaron hasta el 2007 pero no culminaron como se esperaba, el viceministerio de organización territorial reconoce que más de una decena de procesos administrativos sobre delimitación territorial están a la espera de resoluciones finales, en base además a procesos de conciliación entre partes interesadas.
Lo evidente es que en adelante este asunto de jurisdicción tendrá mucho que ver con los procesos de autonomía, toda vez que cada departamento tendrá necesariamente que establecer la propiedad jurisdiccional sobre sus recursos naturales para proceder a su explotación y tratamiento futuro de exportación con fines estrictamente de sostenimiento económico departamental.
Si algo debe apurarse en su tratamiento es la correcta aplicación de la Ley Marco de Autonomías, cuyos estatutos sean resultado del abierto intercambio de sugerencias y el consenso en su aprobación estableciendo además un “trabajo forzado” para definir una Ley de Límites que una al país y no aliente su división por ficticias pretensiones territoriales.
Fuente: LA PATRIA
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