Ex defensor del pueblo observa reacción del gobierno y de la Policía
Informes del Defensor y de la Apdhb deberían corregir actitudes violatorias
29 ago 2010
Fuente: La Paz, 28 LA PATRIA.-
El ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y ex Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín exhortó hoy al gobierno a asumir una actitud crítica para corregir y evitar futuras violaciones de los derechos humanos de las personas y que, por deslices, se los hayan conculcado, al referirse a los luctuosos hechos de Caranavi y las adversas reacciones que tuvieron tanto autoridades como policías, frente a informes imparciales evacuados por activistas de los derechos humanos de las personas.
En su criterio, Albarracín anotó que tanto el gobierno como los comandos de policías repiten las actitudes que, en su tiempo, asumieron los gobiernos dictatoriales e, inclusive, en el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando se investigaron los sucesos producidos en las minas de oro de Amayapampa y Capasirca, con un saldo de 11 muertos y decenas de heridos.
Ese gobierno descalificó el informe de Derechos Humanos y, como reacción inmediata, ordenó la intervención de las oficinas de la Asamblea, además de propinar a su presidente, que personalmente desempeñaba en ese entonces, una golpiza a primera hora de un sábado cuando salía de su domicilio para dirigirse, precisamente, a cumplir con sus obligaciones. Albarracín terminó en un nosocomio con graves heridas y en estado de coma, a raíz de la golpiza propinada por policías.
En esa línea, explicó que la labor de defensa de los derechos humanos es siempre una actividad difícil y compleja y, generalmente, la primera reacción de quien es investigado e interpelado, es negativa porque precisamente violan los derechos humanos.
“En el caso de la Defensoría, hasta el momento en que investigó y hasta antes del informe que emitió, sobre los hechos de Caranavi, el gobierno no decía nada y hasta gozaba de su simpatía. En el momento en que comienza a cumplir con su trabajo y desarrolla una investigación seria e imparcial, sobre lo cual evacúa un informe, el Defensor de convierte en enemigo del gobierno”, dijo.
“De esta manera, la reacción es absolutamente negativa de las autoridades del Poder Ejecutivo, cuando ellos son interpelados a través de un informe sobre la violación de los derechos humanos”. Recomendó que el gobierno, “lo que debería hacer, es corregir las observaciones que se están planteando en ese orden y evitar que los derechos humanos de muchas personas sean conculcados. Las autoridades no tienen porque resentirse, porque la Asamblea o el Defensor están haciendo su trabajo, ese es su trabajo en democracia”. Con mayor razón, añadió, “en un régimen constitucional, el Estado tiene que garantizar el trabajo que llevan adelante los activistas de derechos humanos”.
Un tema que llamó la atención a Albarracín, es que efectivos policiales habían intervenido las oficinas de algunos activistas de los derechos humanos, con el objeto de investigar algún delito vinculado con drogas.
“Este es un acto de represión facistoide, que va contra todos aquellos que tienen la valentía de emitir un informe coherente sobre determinados casos de violación de los derechos humanos. Esos se convierten en enemigos del poder y no debe ocurrir aquello”, explicó.
“Por eso tiene que haber una reflexión profunda en el Poder Ejecutivo, para reaccionar con serenidad, con espíritu democrático frente a los informes que emitan entidades como el Defensor del Pueblo o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia”. Además, sugirió que el gobierno no debería involucrarse en asuntos de las instituciones. Cuando existen organizaciones o sindicatos que no están de acuerdo con el gobierno, inmediatamente les crean una entidad paralela y eso puede dañar la imagen internacional del gobierno”, dijo.
En este caso, dos abogados que son víctimas de esa acción absolutamente arbitraria y abusiva de algunos policías, que de manera prepotente intervinieron las oficinas de esos profesionales, el tema puede llegar a las oficinas internacionales de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Una acción así repercute inmediatamente contra del gobierno y contra el propio Estado boliviano. Parece que no se está tomando en cuenta estos aspectos que cuando se afecta los derechos de las personas, cualesquier sea ésta, eso origina automáticamente un desprestigio internacional absoluto en contra del gobierno”, explicó.
Fuente: La Paz, 28 LA PATRIA.-
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