Iglesia exige justicia en el caso de contaminación por plomo en El Salvador
23 ago 2010
Fuente: San Salvador, 22 (EFE).-
La Iglesia salvadoreña exigió hoy justicia en el caso de la contaminación por plomo en el país, atribuida a una antigua fábrica de baterías, cerrada en 2007, y que obligó a las autoridades a decretar la emergencia ambiental en una zona del noroeste de esta capital.
"Estamos preocupados por esta situación y exigimos justicia en el mejor sentido de la palabra. No es una exigencia con mala intención (...) no es justo que se pase desapercibido un fenómeno de tal gravedad", dijo el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en una conferencia de prensa después de la misa dominical.
El prelado también "felicitó" al Gobierno que el pasado jueves decretó la emergencia ambiental en la zona alrededor de la antigua fábrica de baterías, cerrada por la contaminación que ocasionó.
"Felicitamos que ahora se han tomado estas medidas, concretamente al Ministerio del Medio Ambiente, que sin duda alguna con el apoyo del Gobierno central ha decretado esas medidas de seguridad (...) y esperamos que se den respuestas efectivas y no se quede en una voluntad", afirmó el prelado.
El pasado jueves el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) decretó la emergencia ambiental en un área comprendida "dentro del radio de 1.500 metros a partir de las instalaciones" donde funcionó la empresa que elaboraba la marca "Récord" de baterías para automóviles.
En la zona en la que regirá la emergencia, situada en la localidad de San Juan Opico (43 kilómetros al noroeste de San Salvador), hay cerca de 700 viviendas y una población calculada en 4.000 habitantes.
Según el MARN, pruebas efectuadas recientemente junto a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), detectaron que en algunos lugares había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas, cuando la norma establece como límite 400 partes por millón de partículas.
El decreto prevé, entre otras medidas, el sellado con asfalto de las calles y caminos cercanos a la fábrica, el acordonamiento en unos 200 metros alrededor de esas instalaciones, restricción de acceso y uso de las zonas donde se detecten concentraciones de plomo que representen un peligro para la salud.
Los lugareños han denunciado que la contaminación puede alcanzar un radio de ocho kilómetros, por lo que la población afectada podría ascender a unas 35.000 personas.
La fiscalía salvadoreña presentó en febrero de 2008 una acusación ante un juzgado en contra de tres directivos y tres empleados de la empresa por el delito de contaminación ambiental.
En marzo de ese año, el juez de paz del municipio occidental de San Juan Opico, Rafael Menéndez, pidió la detención de los directivos Ronald Lacayo Argüello, Sandra Lacayo de Escapini y Ofilio Gurdián Lacayo y el embargo de 141 millones de dólares.
El caso pasó a la fase de instrucción en la que el juez ordenó el inicio de un juicio por considerar que existen suficientes elementos de prueba contra los imputados, que no guardan prisión y se presentan regularmente.
Fuente: San Salvador, 22 (EFE).-
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