Incierto presente, precario futuro para inmigrantes en EE.UU.

Dos años pasaron y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, parece haberle fallado a una amplia comunidad de inmigrantes que lo respaldaron en la época electoral, cuando sus discursos salían sobrecargados de promesas.

A mediados de 2008 el entonces candidato a la Casa Blanca, de gira proselitista por estados del Sur, afirmaba que uno de los candiles fundamentales en su agenda era la certificación de una nueva legislación migratoria en los primeros meses de gobierno.

Después acaecieron tiempos procelosos. La recesión nacional, un preocupante ambiente bélico para las tropas en Afganistán, la evidente necesidad de vigilar más a Wall Street y, sobre todo, la ambicionada reforma de salud.

Sobraron excusas para posponer una y otra vez la atención hacia el problema potencial que representan millones de extranjeros sin papeles asentados en el país, muchos de ellos desde los años ejecutivos de William Clinton.

Con ninguna normativa federal a debatir en el horizonte próximo, varias legislaturas estaduales dieron los primeros pasos para intentar llenar las lagunas judiciales en el terreno de la inmigración y el tono general ha sido restrictivo.

Estados Unidos, una nación fundada y levantada por inmigrantes, ahora prorrumpe un NO en voz alta a los forasteros y se atrinchera en un catálogo de rebuscadas argumentaciones para dar sostén legal a las más xenófobas tendencias.

En los primeros seis meses de 2010, todos los estados norteamericanos -excepto Montana, Nevada, North Dakota y Texas consideraron el análisis de nuevas leyes relacionadas con la situación civil de inmigrantes o el tema inmigración.

Congresistas en 46 estados presentaron un total de mil 374 enmiendas o proyectos de resoluciones vinculados al asunto de los refugiados o emigrantes foráneos, detalla un reporte de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estadales (CNLE).

El número de iniciativas sobre el mismo tema sólo es comparable con el registro de la primera mitad de 2009, cuando 50 departamentos consideraron más de mil 400 propuestas de legislaciones.

En este contexto nacional de efervescencia anti inmigrante, la mayor atención mediática fue dirigida hacia Arizona, donde parlamentarios conservadores lograron pasar las polémicas leyes SB1070 y HB2162.

Por la fecha de junio 30 último, enmiendas similares a la de Arizona habían sido presentadas y analizadas en los Congresos estaduales de South Carolina, Pennsylvania, Minnesota, Rhode Island y Michigan.

La mayoría de estas iniciativas propugnan que los policías estadounidenses deben determinar el estatus migratorio de individuos sospechosos, y las empresas no podrán ofrecer empleos a extranjeros indocumentados.

Más recientemente el estado de Virginia se sumó a la tendencia antiinmigrante en Estados Unidos y confirmó que sopesa la redacción de una nueva normativa en contra de los indocumentados.

El fiscal general del norteño departamento, Ken Cuccinelli, aprobó que los patrulleros de tránsito puedan verificar la legalidad del estatus migratorio de individuos detenidos por otras violaciones.

Con anterioridad, este mismo magistrado conservador presentó un desafío judicial para inhabilitar en el ámbito local exigencias de la recién certificada reforma en los cuidados médicos, defendida por el presidente Barack Obama.

Sobre el tema inmigración, Cuccinelli apuntó que su programa difiere del de Arizona, porque a los oficiales en el sureño departamento "se les exige chequear el estatus, mientras en Virginia se les autoriza", dijo.

Entretanto la Gobernación de Arizona explicó que planea apelar la decisión judicial que invalidó algunos acápites de la nueva reglamentación sobre emigrantes en esa región limítrofe con México.

En una resolución de última hora, la magistrada Susan Bolton restringió el efecto de la controvertida ordenanza, sin alterar el punto que castiga la contratación laboral de ilegales.

Antes un pueblo al norte de Chicago convirtió al inglés en idioma oficial y emitió un comunicado para respaldar a la criticada ley de Arizona.

La decisión de autoridades en Homer, con una población de 30 mil personas, ha sido calificada por analistas como un gesto simbólico de carácter xenófobo y una prueba del reforzamiento de esa tendencia en el ámbito nacional.

Un hecho es que durante la administración Obama han sido deportados más inmigrantes que durante el último año del gobierno de George W. Bush, calculó una agencia federal estadounidense.

En el periodo del actual ejecutivo las redadas se han multiplicado sin mucha publicidad al tiempo que aumentó la persecución de empresas que contraten a ilegales.

Según informe del Buró de Inmigración y Aduanas, más de 400 mil extranjeros fueron o están en camino de ser repatriados en lo corrido del año, un ocho por ciento más que en 2008 bajo el mandato de Bush.

A inicios de agosto el Senado Federal aprobó una enmienda sobre seguridad fronteriza que destina 600 millones de dólares para redoblar la vigilancia militar en el sur de Estados Unidos incluso con aviones no tripulados.

El proyecto fue presentado por los senadores demócratas Chuck Schumer y Claire McCaskill, y recomienda la incorporación de mil 500 agentes de aduanas al trabajo en las fronteras y el uso de más drones de la Fuerza Aérea.

El plan Schumer-McCaskill separa 176 millones de dólares para contratar a los oficiales fronterizos adicionales y 32 millones para financiar a los aviones sin pilotos que localizarán a potenciales inmigrantes.

Por otro lado el gobierno federal desplegó a partir del 1 de este mes mil 200 soldados de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad fronteriza.

Son tropas altamente entrenadas y custodiarán los límites jurisdiccionales en California, Arizona, New Mexico y Texas, subrayó el general Craig McKinley, comandante de la Guardia Nacional.

Las últimas decisiones políticas de la Casa Blanca fueron tomadas en un contexto nacional de creciente tendencia xenófoba con polémicas legislaciones activadas o anunciadas en 20 estados norteamericanos.

Según fuentes extraoficiales, en Estados Unidos están asentados cerca de 16 millones de indocumentados y medios de prensa conservadores alegan que ese hecho cuesta a la economía doméstica 538 mil millones de dólares anuales.

(*) Jefe de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina.