Podría ser a la inversa pues todo depende de cómo se maneje la situación a partir de las condiciones políticas en que se desenvuelve el Estado nacional, así de simple para no complicarlo con todos los otros ingredientes que ahora tiene y que precisamente deberían ordenarse entre lo razonable y lo legítimo.
No se puede desconocer que en materia de legitimidad, el actual gobierno se caracteriza por haber logrado, como no sucedió antes, una verdadera hazaña al acumular el mayor porcentaje de reconocimiento ciudadano en un proceso electoral, lo que significa sencillamente, otorgarle legitimidad.
Sin embargo el legítimo gobierno, confronta una serie de problemas justamente en las regiones, inicialmente el fenómeno se presentaba en la zona donde nace la media luna, pero resulta que en los últimos días el proceso ha sufrido una muy marcada reacción en dos departamentos considerados bastiones del partido oficial, el caso de Potosí y hay que reconocerlo también en Oruro.
Ya no se trata de la media luna en el oriente, ahora podría ser el sol completo en el occidente, donde se han dado circunstancias muy peculiares que tienen que ver directamente con problemas limítrofes – aparentemente – pero sobre todo con presiones políticas, no otra cosa significa la fuerte presión reinante sobre una dirigencia cívica obnubilada que actúa al influjo de intereses políticos con serio peligro de llegar a enfrentamientos, que por supuesto, nadie quiere.
A raíz de esa posición radicalizada en la Villa Imperial, se planteó la necesidad de establecer un diálogo al más alto nivel entre la dirigencia cívica potosina y las autoridades de Gobierno, preferiblemente con el Presidente a la cabeza. No sucedió nada que muestre tal posibilidad, aunque se reconoce que varios ministros fueron movilizados con urgencia para establecer ese diálogo tras más de quince días de estar vigente el problema.
La gente afectada con un paro general, con bloqueos y la consecuencia del desabastecimiento y encarecimiento de productos en general, reclamaron de manera airada la participación del gobierno en su nivel superior para comenzar el tratamiento de un pliego que entre uno de sus puntos incorpora el delicado asunto de los límites territoriales, pero desconociendo – en el caso potosino – el derecho jurisdiccional que tiene Oruro en parte del Salar de Uyuni.
Aquí el ingrediente de lo razonable, pues la legitimidad del apoyo ciudadano al proceso de cambio, no está en duda aunque si no se admite responsablemente quién tiene el derecho de exigencia razonablemente expuesta, no habrá opción de avanzar en diálogo y menos en una satisfactoria solución al problema.
La legitimidad del voto, implica obligaciones y responsabilidades por parte de las autoridades electas, que deben reconocer en “el soberano” el derecho que tiene para exigir que se cumplan promesas electorales y en algunos casos en tiempo perentorio…dentro de lo razonablemente aceptable.
Esto quiere decir, que a ningún funcionario del Estado, ni siquiera al Presidente o su vicepresidente, menos a sus ministros y peor aún a sus viceministros se les puede ocurrir que tienen absoluta potestad para hacer y deshacer del país, lo primero que los personajes de esa cúpula deben entender y más abajo los ahora asambleístas deben recordar, es que allí donde están es gracias al voto ciudadano, por tanto son empleados del pueblo, tanto así que inclusive sus jugosos sueldos los paga la comunidad, por tanto no hay excusas valederas para soslayar la obligatoriedad de atender ya, los planteamientos de cada departamento dentro los límites de lo razonable, lo legítimo y justo.
Fuente: LA PATRIA
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