Gobernando con el enemigo

La política de gobierno resulta ser quizá la más impredecible porque nunca se sabe de qué lado están algunos de los ministros que al parecer responden más a las directivas de la Vicepresidencia que a la Presidencia del Estado Plurinacional y hasta tienen la soltura de indicar que no le corresponde al presidente Evo Morales participar en negociaciones con las regiones y que esa no es su atribución.

A esa actitud poco seria, se suma otra de querer mostrar que todo movimiento social tiene un “trasfondo conspirativo de la oposición”, sin recordar que ese mismo método utilizó el propio Evo Morales con los cocaleros y otros movimientos sociales para reclamar atención de los gobiernos, sin que esa forma de protesta sea un privilegio de la derecha, izquierda o de uno u otro partido; siendo más bien una forma de expresión que se respeta en la Constitución, como el derecho a la protesta.

Ortodoxos defensores de los derechos humanos en otro tiempo, ahora en función de ministros y otros cargos públicos, quieren instrumentalizar una campaña de rechazo, negar derechos y hasta exigir que modifiquen su conducta a quienes piden lo que en justicia les corresponde y asumen la actitud que mejor creen conveniente para llamar la atención de las autoridades que al parecer prefieren esperar la solución de los conflictos por cansancio o dilación.

El escenario político es diferente para los pobladores de las ciudades del denominado eje central del país, con relación a quienes viven a cientos de kilómetros del Palacio de Gobierno o la Plaza Murillo y que si sólo protestan, ni siquiera sus reclamos llegan a oídos del primer mandatario, porque siempre recibe explicaciones que todo está bien, que no hay descontento y aseguran que lo que hacen los ministros es aceptado por el pueblo.

Las regiones marginadas como Potosí, Oruro, Beni, Pando y hasta Chuquisaca tienen como única forma de expresar su descontento, la adopción de medidas concretas, anuncios de huelgas, paros y hasta el bloqueo de caminos, porque la otitis gubernamental es crónica y ninguno de los responsables del gabinete de Evo Morales se acuerda de poner en práctica lo que señala el artículo 306 de la Constitución Política del Estado, donde fija que “el modelo económico boliviano es plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos”, determinando en su inciso V) “El Estado tiene como máximo valor al ser humano y asegurará el desarrollo mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo”, algo que no se cumple, porque los pobladores de regiones alejadas no tienen ningún incentivo ni apoyo, lo que ha provocado que muchos campesinos se dediquen al narcotráfico y al contrabando.

La acción asumida en Potosí se justifica para reclamar atención a sus demandas y pone de manifiesto la actitud negligente de la anterior administración Prefectural, cuando el entonces prefecto Alberto Aguilar y algunos parlamentarios junto a responsables de la Unidad Territorial de Límites (UTL) de la Prefectura del Departamento prefirieron agredir a la diputada Jheymi Flores, cuando denunció que había una pérdida territorial de 25 kilómetros en el nuevo límite con Potosí, antes que reclamar y denunciar lo que sucedía. El funcionario de la UTL fue premiado y designado como jefe en el Poder Judicial, pese a ser militante del partido en función de gobierno y delegado del MAS en la Corte Electoral.

Esas acciones de quienes “colaboran” al presidente Evo Morales muestran que la primera autoridad del Estado Plurinacional, en la práctica gobierna con el enemigo y que resultaría más efectivo que atienda personalmente los temas de su administración de gobierno, porque según un informe de la Fundación UNIR, entre enero y mayo de 2010 se registraron 226 conflictos reclamando asignación de recursos económicos, ejecución de proyectos, respeto a los derechos ciudadanos y otros que bien podían ser solucionados sin tener que llegar a los enfrentamientos que incluso dejaron varios muertos.

En ese sentido no es necesaria la violencia para hacer gestión. Una buena administración debe tener un plan de gobierno, planificar la atención a las demandas de las regiones y cumplir compromisos que asumen, tal el caso que afecta a los orureños el inconcluso proyecto vial Oruro-Pisiga, obra que debía ser entregada a la culminación del mandato del primer periodo del presidente Evo Morales y que por descuido de ex autoridades no se ejecuta.

Esas acciones de negligencia manifiesta que perjudican la gestión del primer presidente orureño, así como todos quienes vivimos en esta región, deben ser sancionadas para que no se vuelvan a cometer errores, como la aprobación de un Plan Operativo Anual con un déficit de 260 millones de bolivianos para la gestión 2010 y que alcanzará a 800 millones de bolivianos el año 2011, por el sólo hecho de querer “asegurar los contratos de las obras” poniendo en riesgo la situación económica financiera de la Gobernación.

La iliquidez económica que afronta la Gobernación de Oruro es resultado y clara muestra de una mala administración Prefectural y constituye otra forma de corrupción, porque se aprobó la ejecución de proyectos sin tener recursos y contrataron estudios incluso vulnerando la norma para instruir el pago por esos servicios de forma directa a las empresas.

La falta de atención a las regiones pobres es permanente y ello demuestra que la lucha contra la pobreza, que llena de discursos a las autoridades del poder central, no pasa de un simple anuncio, porque de manera efectiva no hay solución a las demandas de las regiones. Sin embargo, habrá que esperar que el presidente Evo Morales asuma el mando de su gobierno y se estabilice en territorio boliviano para conocer cada una de las demandas regionales y otorgue prioridad para atender con urgencia lo que en verdad quieren los pobladores de regiones del occidente que le dieron el mayor respaldo para que conduzca el Estado Plurinacional. Lo contrario será defraudar la confianza ciudadana.

(*) Periodista