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Relevo de fiscal impide declaración a ministro sobre linchamiento de policías
12 ago 2010
Fuente: La Paz, 11 (EFE).-
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El ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, se presentó hoy en la Fiscalía para declarar sobre sus acciones ante el linchamiento de cuatro agentes por indígenas ocurrido en mayo pasado, pero no pudo hacerlo porque el fiscal del caso fue relevado del mismo, informaron fuentes oficiales.
Llorenti se personó en el Ministerio Público de La Paz donde se le informó del traslado del fiscal Prudencio Flores a otra entidad, lo que ha sido criticado por familiares de las víctimas porque se retrasan más las investigaciones del caso en el que hasta ahora no hay ningún detenido.
El abogado del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera, declaró a la prensa que con su presencia en la Fiscalía Llorenti demostró su "buena voluntad" para responder ante las autoridades judiciales.
"Se ha podido advertir de que no está presente el fiscal asignado al caso. La oficina de dicho fiscal se encuentra en inventario, un hecho que escapa a la buena voluntad del ministro de Gobierno, que se ha hecho presente como cualquier ciudadano a responder al llamado de la autoridad corresponde", señaló.
Llorenti y el comandante de la Policía, el general Óscar Nina, afrontan denuncias por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y homicidio culposo planteados por opositores y familiares de los agentes linchados a fines de mayo en el pueblo de Uncía, en el norte del departamento andino de Potosí.
En ese lugar, los "ayllus guerreros" o clanes indígenas potosinos torturaron y lincharon a cuatro policías tras acusarlos de cometer delitos en esa región, donde se presume que hay actividades del narcotráfico y contrabando de vehículos desde Chile.
Los indígenas justificaron su acción en el marco de la aplicación de la "justicia comunitaria", reconocida por la Constitución que promulgó el presidente Evo Morales el año pasado, aunque el Gobierno ha insistido en que el linchamiento no es parte de ese sistema.
El abogado de los familiares de los asesinados, Johnny Castelú, lamentó, en declaraciones a Efe, que el caso se haya quedado sin fiscal porque eso sigue retrasando las investigaciones.
"Hoy nos hemos sorprendido al ver que no había fiscal. Nosotros hemos traído pruebas y no podemos presentarlas, no podemos declarar, no podemos ofrecer testigos y vemos que extrañamente, justo cuando tiene que declarar el ministro, nos cambian de fiscal", afirmó.
Lola Pallarico, viuda del cabo Rubén Cruz, una de las víctimas, dijo a Efe que a casi tres meses de lo ocurrido, las investigaciones no avanzaron porque los indígenas de Uncía aún no han permitido ingresar a los policías al lugar donde ocurrió el linchamiento.
"El Gobierno no pone de su parte para que las investigaciones continúen porque los policías no pueden ingresar al lugar donde ha sucedido todo. El Gobierno debería haber hecho tantas cosas, pero parece que quieren que se queden así y se olvide el caso", lamentó Pallarico.
Fuente: La Paz, 11 (EFE).-
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