Lunes 09 de agosto de 2010
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Las recientes medidas adoptadas por el Gobierno español para superar la crisis financiera han supuesto un duro revés. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) también ha sido víctima del ajuste con un recorte de 300 millones de euros sobre la previsión anual de más de 5.000 millones (0,51% de la renta nacional bruta). Cantidad que, según los informes más recientes de los Planes Anuales de Cooperación, no supera el 13% del presupuesto que, tanto en 2007 como en 2008, quedó sin ejecutar. Es decir, que nuestra capacidad de gasto se adapta bastante bien al recorte económico y, por tanto, este no debería ser el problema.
Sin embargo, el recorte político es mucho más preocupante, sobre todo en cuanto a lo que esto puede significar en términos de calidad. Y es aquí donde encontramos elementos que, al condicionar las decisiones políticas, influyen y mucho sobre el sistema de cooperación. Por un lado, la necesidad de reducir el déficit público puede hacernos volver a un pasado no muy lejano, donde la ayuda era concebida como un instrumento para promover meros intereses nacionales y no la superación de la pobreza y las desigualdades, verdadero objetivo de la cooperación al desarrollo. Si recortar 800 millones de euros (300 durante este año y 500 en 2011) no supone un gran descalabro en cuanto a objetivos, sí lo es en cambio la reducción presupuestaria en el resto de ministerios implicados en la acción exterior.
