Recordar los 185 años de la Independencia Boliviana parece que abrió un canal de sosiego en el esquema gubernamental, cuyo principal ejecutivo aprovechó la circunstancia para cambiar el casi siempre tono de confrontación de sus discursos por otro más conciliador y hasta vehemente a la hora de proponer una alianza con los empresarios para salir adelante.
No había ocurrido últimamente, especialmente en los niveles oficiales, de ahí que la propuesta pública del Mandatario dejó con ciertas dudas a los empresarios bolivianos que fueron convocados a conformar sociedades estratégicas para industrializar nuestros recursos naturales.
Otra apreciación, que seguramente será objeto de un análisis particularizado en los niveles correspondientes, es la que se refiere a la posición presidencial al Indicar “es mejor tener de socios a los empresarios bolivianos que a los extranjeros que ponen reparos al gobierno cuando se les exige cumplir sus contratos”.
No queda muy clara esa alusión a los empresarios sean estos nacionales o extranjeros pues en cualquier caso quien fuese el que infringe normas establecidas sea el empresario o el gobierno, serán pasibles a sanciones y, por supuesto si se trata de extranjeros las alternativas tienen otras connotaciones que no pueden pasar desapercibidas, por el respeto a los derechos que demanden los afectados inclusive recurriendo a tribunales internacionales, lo que no sucedería con los connacionales sujetos a una todavía aplicación imparcial de la justicia.
Así como puede rescatarse un buen propósito en la propuesta oficial no es menos cierto que también podrían existir vedadas intenciones pues algo así deja traslucir la espontánea alusión presidencial que justamente por esa condición muestra cierta franqueza que a la hora de las grandes decisiones no escaparía al factor de tratamiento legal de uno o varios acuerdos.
Poner en la palestra pública el deseo de iniciar emprendimientos conjuntos entre el Estado, las organizaciones nacionales de la actividad productiva ligadas al empresariado nacional, además de vincularse los mismos con las gobernaciones departamentales puede significar un comienzo en el cambio que se ha pedido al Gobierno en su política de administrar el país, entendiendo además que en un balance de su trabajo reconoció claramente sus debilidades de gestión y la urgencia de aplicar un cambio en el timón.
La sugerencia ha sido lanzada, el derecho a la duda de los empresarios puede justificarse, pues ya hubo algunas intenciones de este mismo tipo pero que no funcionaron hasta el presente. Sin embargo la realidad en que desenvolvemos nuestra actividad cotidiana, con mayor razón en el nivel estatal, obliga a una reconducción de las estrategias para priorizar la gobernabilidad de gestión productiva y minimizar la de acción política, que fuera de las cuatro debilidades reconocidas es posiblemente la principal traba para empujar el país hacia el derrotero de su gran desarrollo.
En adelante cumplir con planes específicos, como la erradicación del narcotráfico y del contrabando, pueden ser tareas útiles para fomentar la acción productiva, priorizando la industria y el comercio nacional pero sobre todo reconduciendo el plan gubernamental hacia los objetivos de reducir la desocupación, priorizando los rubros de alta rentabilidad como la minería y los hidrocarburos y fomentar la agro ganadería, el turismo y la artesanía.
Fuente: LA PATRIA
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