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Con diálogo deben solucionarse todos los problemas limítrofes
05 ago 2010
Fuente: LA PATRIA
Se trata de buscar soluciones prácticas a problemas que están complicando la convivencia pacífica y las relaciones de hermandad entre dos departamentos cuya historia no puede alterarse por mezquinos intereses o el juego político en que se desenvuelven ciertas personas, autoridades y variados dirigentes.
El tema de las dificultades limítrofes entre Oruro y Potosí data de muchísimo tiempo atrás, lamentablemente las autoridades encargadas de establecer una correcta delimitación interdepartamental no trabajaron responsablemente y las soluciones fueron postergadas de manera constante, permitiendo que de tiempo en tiempo se produzcan avasallamientos, generalmente desde las comunidades norte – potosinas en la jurisdicción orureña.
El Instituto Geográfico Militar (IGM) en sucesivas gestiones prefecturales, junto a delegados gubernamentales, con participación de ambos prefectos (de entonces) buscaron acuerdos “amigables” para evitar enfrentamientos entre los bolivianos asentados en una zona considerada crítica y reconocida inclusive por la belicosidad de algunos ayllus conflictivos.
Se hicieron varios trabajos para delimitar la jurisdicción de cada departamento, sin embargo faltaron elementos técnicos concluyentes que definan de una sola vez y para siempre el derecho de territorialidad de Oruro y Potosí. Ese debería ser el objetivo presente para no seguir alentando enfrentamientos inútiles.
Sin embargo en los últimos acontecimientos afloran otros intereses que parecen constituirse en una consigna de algunos hermanos potosinos y tiene que ver directamente con el derecho propietario de las salmueras de Uyuni, territorio en el que también Oruro tiene parte, que se pretende desconocer con argumentos que no justifican las posiciones de amenaza e intransigencia que están actualmente en vigor activadas inclusive con fuertes medidas de presión.
Si en algo hay coincidencia con algunos otros planteamientos potosinitas es que tanto Oruro como ese departamento recibieron muchas promesas de los políticos que lamentablemente no se han cumplido. No se quiere reconocer con plenitud, con libertad y en democracia la voluntad popular para establecer un orden autonómico que permita a cada departamento marcar su destino en base al uso de sus propios recursos naturales. El caso del litio ha despertado ambiciones desmesuradas y por supuesto enfrentando a los interesados en el manejo de lo que puede ser el mayor negocio del siglo para Bolivia.
Si bien la Constitución define el derecho propietario de todos los recursos naturales de la Nación, no es menos cierto que también se establecen las condiciones de ventaja sobre esos mismos derechos que tienen los departamentos productores. Eso sucede con los hidrocarburos y la analogía distributiva de utilidades debe enmarcarse con la adecuación técnica pertinente de igual modo en el caso del beneficio que reportan los recursos mineralógicos.
En realidad ese es el problema que surge e la Villa Imperial cuando se trata el tema de la jurisdicción territorial entre Potosí que tiene una mayor parte del extenso salar en su territorio, pero también Oruro en el resto de la planicie blanca, como lo reconoce la historia de siempre y la realidad presente.
En Oruro aunque se ha decretado “estado de emergencia” en defensa de la territorialidad no se alienta la confrontación y al contrario se propone el diálogo como elemento práctico para solucionar los problemas existentes. Ojalá que la propuesta cívica patriótica de Oruro sea entendida en su justa dimensión, de manera que el encuentro entre hermanos y con participación de autoridades y técnicos pueda producirse a la brevedad posible.
Fuente: LA PATRIA
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