El alto grado de sensibilidad de algunos rubros que reaccionan ante simples anuncios de autoridades de gobierno, provocaron en los últimos días severos desequilibrios en el mercado, tanto en los sectores de la propiedad urbana, construcción, importación de artículos electrónicos y electrodomésticos, incidiendo severamente en los presupuestos de inversión que toda empresa o persona asigna con el necesario tiempo previsible.
La primera reacción observada se produjo en los precios de los productos de importación, cuyo ascenso hasta del 40 por ciento, afectó tanto a la demanda como a la oferta, ante el simple anuncio de que el gobierno estudia la formulación de una nueva Ley de Aduanas, mucho más “draconiana” que la 1008 que legisla la producción de coca, precursores, cocaína, tráfico y comercialización de drogas y componentes del circuito coca – cocaína.
El “efecto aduana” no sólo provocó una reactivación en los niveles inflacionarios, sino que movilizó a los movimientos sociales de comerciantes, importadores, transportistas, incluyendo empleados de agencias aduaneras, mensajeros, porteadores y changadores, bajo el denominativo de “trabajadores por cuenta propia”, quienes salieron a las calles en las principales ciudades del país, para hacer conocer su protesta contra la futura Ley prevista para agosto próximo.
Es por demás conocido que las políticas “draconianas” impuestas sin el previo análisis, ni los consensos debidos, fracasan en el primer paso. Un ejemplo de ello, es la Ley 1008, que no se la cumple con el debido rigor que la caracteriza. El contrabando es tema de análisis nacional e internacional, por lo menos, desde hacen cincuenta años y, ninguno de los modelos de gobierno, ha comprendido que el problema es social con fuertes raíces económicas, donde el Estado es el principal responsable de los múltiples delitos que están ampliamente identificados.
Los responsables de la élite gobernante, deberían, primero, revisar los niveles arancelarios de importación, las condiciones socio económicas de la población, las políticas de desarrollo y empleo, además, profundizar la evaluación sobre el comportamiento de la burocracia aduanera y su vinculación con la estructura corrupta que la administra.
PROPIEDAD URBANA
El anuncio realizado desde el Órgano Ejecutivo, que provocó una reacción menos visible para el común de la población, está referido a la futura Ley de Regularización de la Propiedad Urbana, cuyo borrador enviado desde el Poder Central también ingresa para su consideración en el Órgano Legislativo, en agosto venidero. El efecto del simple anuncio de la nueva Ley, reactivó el mercado de la propiedad urbana, especialmente, en las principales capitales del país, donde la oferta provocó un descenso en el valor tanto de terrenos como de viviendas y departamentos en edificios.
Un segundo efecto dirigió la tendencia a una eventual limitación en las inversiones de capital para edificaciones de edificios construidos en terrenos superiores a 500 metros cuadrados, ante una eventual toma de edificios por parte de los sectores sociales vinculados al partido de gobierno, contradiciendo los artículos 56 y 57 de la nueva Constitución Política del Estado. De esta manera, se “garantiza el respeto a la propiedad privada”, “a las iniciativas del sector empresarial para promover el desarrollo del país”, así como, establece que las expropiaciones “se impondrán por causas de necesidad o utilidad públicas, calificada de acuerdo con la Ley y previa indemnización justa”. Dicha estructura constitucional garantiza, asimismo, que la propiedad inmueble urbana “no está sujeta a la reversión”.
Este efecto ha provocado de manera general, en los dos casos, nuevas dudas sobre la posición gubernamental de “garantizar el trabajo de la libre iniciativa que promuevan inversiones legales, en el marco de una seguridad jurídica plena y el ejercicio del derecho de las personas”. Lo contrario, la aplicación de los llamados “procesos de usucapión colectiva”, “la ocupación de bienes privados por sectores sociales del MAS” o la “expropiación por causas de necesidad pública”, significa que el gobierno se mantiene identificado y sujeto a la política que rige en Venezuela, en sus diferentes áreas de la actividad económica.
Esta línea ideológica tipificada como “colonial” e “importada”, no responde al pensamiento nacional, ni traduce el espíritu del nuevo texto constitucional.
(*) Periodista
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