Crisis política y constitucional en Puerto Rico será decidida en tribunales

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La crisis política, constitucional y legislativa que vive Puerto Rico vivió este lunes un nuevo capítulo y una vuelta de tuerca más, después de que el Senado no votara por el juramentado gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, a la espera de que decida el Tribunal Supremo sobre la legalidad de su posición como mandatario.

Este martes el Tribunal Supremo iniciará el análisis de una demanda presentada por el presidente de la Cámara Alta, Thomas Rivera, para declarar nula dicha juramentación, llevada a cabo el viernes por una jueza, ya que solo contó con el visto bueno de la Cámara de Representantes, pero no de la totalidad de la Asamblea Legislativa.

La designación de Pierluisi como gobernador y su juramentación posterior han levantado una polvareda política y judicial en isla debido a las interpretaciones diferentes de la Constitución y la ley que se haga.

La Constitución de la isla señala que un secretario de Estado, primero en la línea de sucesión ante la vacante de un gobernador, debe ser ratificado por la Asamblea Legislativa.

Mientras que la Ley 7, en la que se escudó el exgobernador Ricardo Rosselló, para nombrar a Pierluisi, señala que dicha posición no precisa de la confirmación ni de la Cámara de Representantes ni del Senado, pero solo en el caso de que se refiera a la sucesión de un gobernador.

En la sesión de hoy (ayer), el presidente del Senado aseguró que, aunque se hubiera llevado a cabo la votación Pierluisi solo contaba con cinco votos de apoyo.

"Cuando yo me vaya me voy a ir con la frente en alto. No corriendo y abochornado como se fue el exgobernador Ricardo Rosselló, dijo Rivera durante su intervención en la sesión, quien agregó que con la reunión de hoy del Senado "hemos cumplido".

"El Senado de Puerto Rico no consiente ni avala el nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado", subrayó, a la vez que incidió en que está ocupando el puesto "ilegalmente".

Por su parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, opinó que se ha "pasado de un gobernador delincuente a un gobernador buitre".

"Uno de los roles más penosos y trágicos de la historia era el rol que jugaban los intermediarios. Ese triste y trágico rol ha sido el del gobernador buitre. Como ladrón en la noche fue y juramento y ponernos a nosotros en una crisis constitucional", añadió.

Previo al inicio de la sesión Pierluisi dijo que acataría lo que decidiera el Senado.

Tras la sesión, dijo en un comunicado que se mantenía en la Gobernación en vista de que el Senado no hizo votación alguna y "de que la gran mayoría de los Senadores no tuvieron la oportunidad de expresarse en cuanto a mi incumbencia".

"Con la mayor deferencia al Tribunal Supremo de Puerto Rico, esperaré su decisión confiado en que prevalecerá lo mejor para Puerto Rico", subrayó.

En la noche del domingo, Rivera presentó una demanda que mañana verá el Tribunal Supremo, integrado por nueve miembros, para impugnar la jura de Pierluisi ya que cree que necesitaba el aval de las dos Cámaras para ello, pero el veredicto pudiera tardar hasta semanas debido a que no tiene límite de tiempo para pronunciarse.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también presentó una demanda este lunes para anular la juramentación de Pierluisi.

Por si fuera poco, el problema generado en la gobernabilidad de la isla ante las diferentes interpretaciones de la legislación y la Constitución y, en consecuencia, la legalidad o no del gobernador actual, varios medios revelaron que en la sesión de la Cámara del pasado viernes Pierluisi no entregó documentos que se le habían solicitado previamente necesarios para su nombramiento, algo que se volvió a repetir hoy con su estado financiero.

Por su parte, la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Jenniffer González, se mostró en sintonía con Rivera y dijo, antes de reunirse con él en el Senado le toca primero al Tribunal Supremo decidir la controversia política sobre la legalidad de Pedro Pierluisi como gobernador.

"No podemos enmendar la Constitución. Eso es algo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene que resolver y, obviamente, pensaría que le daría premura", dijo, a la vez que subrayó que "nadie está por encima del orden sucesorio".

Fuente: San Juan, 5 ago (EFE)