El comercio ilegal de la ropa usada que ingresa al país vía contrabando hacia Oruro, por la frontera chilena, se distribuye a los negocios irregulares de todo el país y constituye un verdadero flagelo para la industria nacional, en especial para los sectores pequeños y medianos, que trabajan con textiles, pero también para la mediana industria que tiene dificultades para comercializar su producción, frente a la competencia de precios de la ropa usada y de la que proviene de China, incluso de importación legal, pero en gran parte aumentando el contingente del contrabando de ropa usada concentrada y enviada desde puertos chilenos.
El asunto es sumamente complejo cuando se conocen cifras y se establece el daño que ocasiona ese comercio ilegal. De acuerdo a datos de entidades privadas, como las Cámaras de Industria y la de Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba, el comercio de la ropa usada ha crecido en el país, produciendo una pérdida de 140 millones de dólares en los últimos años, además del cierre de muchas empresas dedicadas a la confección de textiles, ubicadas en la capital del valle, pero también en La Paz, Oruro y Santa Cruz.
El asunto es sumamente complejo cuando se conocen cifras y se establece el daño que ocasiona ese comercio ilegal. De acuerdo a datos de entidades privadas, como las Cámaras de Industria y la de Pequeña Industria y Artesanía Productiva de Cochabamba, el comercio de la ropa usada ha crecido en el país, produciendo una pérdida de 140 millones de dólares en los últimos años, además del cierre de muchas empresas dedicadas a la confección de textiles, ubicadas en la capital del valle, pero también en La Paz, Oruro y Santa Cruz.
Datos sobre el caso revelan que la preocupación de medianos y microempresarios que denuncian pérdidas anuales próximas a 100 millones de dólares y un añadido de 40 millones más por la evasión impositiva. Por lo mismo se trata de un problema sumamente serio que está afectando a todo el sector industrial, especialmente de la línea textil, generando además un alto índice de desocupación, agravándose el problema por la falta de programas que implemente el Gobierno para eliminar el problema.
Los afectados recordaron que algunos años atrás, desde el ministerio laboral se dispuso la aplicación de un programa denominado de "reconversión", para que los comerciantes de prendería usada ingresaran a la formalidad comercial, priorizando el comercio de la producción nacional. El programa significó una fuerte inversión, pero por lo visto los resultados fueron negativos, pues los "ropavejeros" fortalecieron sus capitales e incrementaron el contrabando y el comercio nacional de ropa usada.
El gran temor de los industriales nacionales, es que, si no se adoptan medidas radicales para combatir el contrabando y la venta de ropa usada, la cifra del daño ocasionado podría incrementarse en menos de un año, representando un verdadero desastre para el sector industrial nacional en general, además de aumentar ostensiblemente el factor de evasión impositiva que resta ingresos a la economía nacional a través de impuestos internos.
Este comercio absolutamente ilegal y abiertamente consentido en las esferas del Ejecutivo, muestra una de las más contundentes formas de inequidad tributaria y abuso del sector contribuyente formal, cuando le cobra tributos, le aplica sanciones y no hace nada por formalizar a cientos de contrabandistas y miles de informales, que muy bien podrían ser los mayores contribuyentes del fisco y un soporte indirecto de la subsistencia de nuestra industria nacional.
Es evidente que "toda persona tiene derecho al trabajo, al libre comercio, pero siempre y cuando esté en condiciones de cumplir las leyes, respetando todas las normativas vigentes, que respaldan fuentes de empleo, vigencia de empresas y pago de impuestos". Tarea difícil pero obligada para el Gobierno en este tiempo democrático. Un flagelo que no puede admitirse.
Fuente: LA PATRIA
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