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Con este domingo 21 de julio, se cumplen 365 dÃas del crimen del exmilitar Luis Gareca Oporto de 64 años, quien fue asesinado por dinero en su casa de la calle Herrera por una banda delincuencial, varios de los miembros, están en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro, pero aún queda pendiente la captura de algunos otros implicados en este caso.
Una vez en el interior redujeron al inquilino y preguntaron dónde estaba el dueño de casa. Al margen de enmanillarlo de pies y manos, le inyectaron una sustancia en uno de los glúteos, según consta en su declaración.
Una vez en el interior redujeron al inquilino y preguntaron dónde estaba el dueño de casa. Al margen de enmanillarlo de pies y manos, le inyectaron una sustancia en uno de los glúteos, según consta en su declaración.
Posteriormente, subieron al sector donde estaba la vÃctima a quien asesinaron con brutal golpiza. Los delincuentes revolvieron la casa y se llevaron la suma de 75 mil dólares y 100 mil bolivianos. En el exterior de la casa habÃa un cómplice, una mujer de nombre Shirley Peñaranda RodrÃguez, quien estaba en la esquina de las calles Bakovic y Herrera, al pendiente de que no haya "moros en la costa".
Una vez que perpetraron el crimen y el robo, los cuatro sujetos escaparon con destino a la Terminal de Buses (la antigua), para luego irse en cuestión de minutos a La Paz.
El dinero que se llevaron como botÃn, era producto de la venta de combustible en los surtidores "Mendoza" y "Don Carlos", ambos establecidos en el municipio de Challapata, distante a 120 kilómetros al Sur de la ciudad de Oruro.
A partir de ese momento se revisaron cámaras de seguridad, se hizo la triangulación de llamadas, además de recabar datos de las entrevistas realizadas al inquilino de la casa, que en determinado momento y según denuncia de los familiares de la vÃctima tuvo favorecimiento de algún fiscal que estaba a cargo del caso, porque en algún momento fue allegado de esta persona.
Durante la etapa investigativa, la familia del fallecido tropezó con una serie de irregularidades en la FiscalÃa, entre ellos, el de ocultarse por varios meses el informe toxicológico que se le practicó al inquilino. El dÃa del hecho, se le tomaron muestras de la supuesta sustancia que le inyectaron los delincuentes.
Esas muestras fueron enviadas al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y cuyo resultado decÃa: "No se detecta la presencia de benzodiacepinas ni análogos ni otros". Informe emitido el 8 de agosto del 2018.
Estos criminales eran buscados en otras ciudades de Bolivia, como Sucre, PotosÃ, Tarija y Oruro, por los delitos de robo y robo agravado. Aún quedan sueltos un par de miembros de esta banda delincuencial, declarados por la PolicÃa como prófugos.
Fuente: LA PATRIA
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