Puede resultar paradójico hablar del asunto pero las condiciones que en la actualidad se presentan -inclusive por vía legal- nos muestran que todavía deberá recorrerse un largo camino para apropiar el régimen de autonomías a cada distrito y con el mayor respeto a las decisiones de una comunidad que busca el mejor uso de sus recursos y el mayor beneficio por el uso de los mismos.
En realidad lo que importa a los bolivianos es que por medio de la autonomía, en varios casos ya definida inclusive respaldada por voto en referéndum, se respeten las decisiones adoptadas en su documento de reglas y no se busque la alteración de esas determinaciones con fines político – partidistas.
Ya se aclaró que en el caso de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando que accedieron por voluntad soberana al sistema autonómico el 2006 y lograron el reconocimiento democrático del pueblo a sus estatutos el 2008, no necesitarán nueva redacción de su “ley de leyes” ni tampoco de otro reglamento, pero… deberán gestionar su adecuación a la nueva Constitución. Este último paso es el que se pretende alterar con una intención de establecer cambios en los estatutos de los departamentos alienados en la denominada “media luna”.
Si bien se trata casi de un cincuenta por ciento del país que está en esa fase adelantada en materia de autonomías, hay que reconocer que en el resto de los departamentos varios de estos ya están decididos por el cambio que plantea para eliminar la dependencia del centralismo de Estado e instaurar el modelo de la autonomía, pero en base a un documento que sea el resultado de una redacción de amplia participación representativa y que sea aprobado en la instancia legal de la Asamblea Departamental por dos tercios exigibles para que en la siguiente instancia el proyecto de estatutos sea sometido a la aprobación del Tribunal Constitucional, que como ya se sabe comenzará a funcionar en enero del año 2011.
La gestión de aprobación de los proyectos autonómicos para cinco de los nueve departamentos deberá concluirse antes de fin de año si no se quiere perder el derecho a tener un estatuto consensuado democráticamente y que sea el reflejo de las inquietudes del pueblo y no del Estado, que aprovecharía cualquier desfase en fechas para imponer sus propios “estatutos oficialistas” que han sido trabajados “ardorosamente” en reuniones patrocinadas y alentadas desde el poder central, lo que se considera como una afrenta a los derechos ciudadanos que están vigentes y no pueden ni deben avasallarse.
Bajo esas circunstancias es necesario que a través de nuestras instituciones más representativas se organice una mesa de trabajo para armonizar criterios, formular propuestas, discutir sus ventas y desventajas, definir en realidad la suerte del departamento en el nuevo esquema autonómico, de manera que el uso de nuestros recursos naturales, absolutamente todos, sean de estricto beneficio para los orureños bajo la distribución equitativa y justa de utilidades, impuestos, regalías y otras líneas de apoyo a la gestión financiera que pueda emprenderse para impulsar todo el aparato productivo del departamento.
Lo importante es que en adelante no se altere la voluntad popular y que se respeten las decisiones democráticamente asumidas en función de intereses departamentales y regionales, sólo así se podrá hablar de la aplicación de un nuevo modelo con autonomía plena y coordinada por canales equitativos con el Poder Ejecutivo que deja de ser instrumento centralista y autoritario.
Fuente: LA PATRIA
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