No más avisos oficiales gratuitos

A partir del 8 de julio pasado y tras ocho años y ocho meses de vigencia, el Primer Mandatario promulgó la Ley 1197, que pone fin a la obligatoriedad de publicar avisos oficiales de "interés social" en los medios privados de comunicación, periódicos, radios y canales de TV, que con la medida recuperaron el valor e importancia del artículo 46 de la Constitución Política del Estado (CPE) que prohíbe todo trabajo forzoso sin justa retribución.

La reciente Ley elimina también la obligación de prestar un servicio gratuito en la difusión de avisos políticos en tiempos electorales, contemplado en el artículo 74 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), una medida que se considera inconstitucional y que en consecuencia permitirá su real valoración en la inmediata campaña electoral.

La medida en vigencia desde 2010, y que determinaba la publicación de avisos en los medios privados de comunicación, una práctica inusual en países democráticos, salvo en aquellos en que se imponían abiertas transgresiones y aún persisten, alterando las libertades ciudadanas, como lo expresaron en su momento los periódicos afectados con la medida del Gobierno boliviano que con el pretexto de promover una ley contra el racismo, imponía publicaciones gratuitas en todos los medios de comunicación, entonces los perjudicados con la oficiosa medida defendieron su posición señalando de manera contundente que "No hay democracia sin libertad de expresión".

Pese a la anómala situación desde octubre de 2010 y hasta septiembre del año pasado, más de una decena de leyes y varios decretos reglamentarios sostenían la obligación de difundir mensajes gratuitos en medios impresos, las radios y los canales de TV, que pese a constituir un daño económico a los medios, se hicieron las publicaciones dirigidas a la promoción de medidas aplicadas por el Estado contra el consumo de alcohol, por la seguridad ciudadana, contra la violencia a las mujeres, en defensa de las personas con discapacidad y otros avisos que ocupaban espacios comerciales de los medios sin ninguna compensación, al contrario, bajo la amenaza de fuertes sanciones si se eludía esa medida oficial.

La Asociación Nacional de la Prensa, (ANP) lideró la defensa de los medios privados y en algunas circunstancias recibió el apoyo de organizaciones como Asbora o la Asociación de empresas televisivas, también se sumaron algunas instituciones de periodistas profesionales, hasta que finalmente hace unos días se levantó la medida, cesó la obligación de publicar avisos oficiales gratuitos y reafirmó el compromiso de los empresarios de medios de cooperar de manera voluntaria con los objetivos de servicio comunitario.

Si bien se recupera un derecho inalienable como es la Libertad de Expresión, queda en el tintero una situación que seguramente tendrá también su reforma legal y encuadrada a la Carta Magna, al disponerse un tratamiento de equidad en la concesión de "propaganda oficial", considerando que una buena parte del presupuesto nacional se dispone a favor de los medios oficiales y los ligados al sistema, suprimiendo ese beneficio a los medios privados, los que sean de la elección o interés gubernamental.

Una señal final sobre el tema, tiene que ver con la seguridad de los medios de comunicación privados, garantías para los periodistas, el libre acceso a las fuentes de información y el respeto a las normas que rigen la práctica de un periodismo libre, responsable y ético, al amparo de la Ley de Imprenta que defiende la Libertad de Expresión y la vigencia de la Libertad de Prensa.

Fuente: LA PATRIA