Acuerdo que trabajadores ediles quieren firmar, trata de blindar a sus dirigentes

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Tras el cuarto día de paro de los trabajadores municipales, surgieron varios cuestionamientos por parte de las autoridades a dicha medida de presión, tal es el caso de la concejal, Denisse Villca que indicó que el acuerdo que los funcionarios quieren que se firme, va en contra de varias normas y trata de blindar a dirigentes.

"No estamos de acuerdo con esta acta de entendimiento, por estar fuera de toda norma, ya que cualquier funcionario público puede ser sujeto de investigación bajo la ley 1178 (Ley de Administración y Control Gubernamentales - SAFCO) en cualquier instancia, siempre y cuando hayan los indicios de responsabilidad, ningún funcionario se salva de esto, no hay impunidad, pero en el tenor de la nota se ve que está fuera de contexto legal y trata de que algunos (dirigentes) queden impunes", sostuvo la autoridad.

En la parte que cuestiona la concejal, se expresa textualmente que el alcalde "se compromete a respetar el fuero sindical y que el paro y la huelga son los únicos medios de defensa del trabajador� Asimismo se compromete a no procesarlos, hostigarlos o amedrentarlos o realizar persecución con la apertura, inicio o continuidad de procesos en contra de los miembros del Sindicato de Trabajadores Municipales de Oruro".

Entretanto el alcalde, Saúl Aguilar, indicó que se agotó toda instancia de diálogo, incluso accediendo al capricho de inamovilidad de trabajadores, con el pretexto del fuero sindical, pero que las medidas continúen genera indignación en la autoridad edil, además, cuestionó el contenido del acta, relacionada al tenor que observó la concejal Villca, indicando que no se puede firmar un documento con un contenido inaudito, ya que todos los funcionarios tienen responsabilidades y pueden ser sujetos a procesos.

El dirigente, Julio Puña indicó que el paro indefinido continuará mientras no exista acercamiento del alcalde Aguilar y la firma del acta que fue elaborada en la Jefatura Departamental de Trabajo, por lo que la única vía de solución está en manos del burgomaestre.

En relación al conflicto, el presidente de una de las Federaciones Departamentales de Juntas Vecinales, Samuel Mendizábal, explicó que cumplidas las 24 horas de plazo que le dieron a los trabajadores y al alcalde, para que se genere una solución y se aperturen las oficinas, lo que se hará es conminar al ejecutivo edil a que inicie los procesos correspondientes, ya que de lo contrario el proceso por incumplimiento de deberes se deberá contemplar contra el burgomaestre.

Los trabajadores municipales, asumieron la medida de presión desde el reciente lunes, piden al burgomaestre la atención a su pliego petitorio.

Fuente: LA PATRIA