Gobierno sospecha protección judicial al clan Castedo y a otros en Beni

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El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró este sábado que se investiga la protección judicial al clan Candia Castedo y de otros clanes vinculados al narcotráfico en el departamento del Beni. Además, informó que los vocales judiciales encarcelados por el delito de prevaricato, debido a que dispusieron la liberación con medidas sustitutivas de la hija de Mayerling Castedo, fueron liberados la tarde del viernes.

"Es un caso grave de presumible protección judicial a esta organización vinculada al narcotráfico (�?). Se debe hacer una profunda investigación, a través de los mecanismos de control del comportamiento de los jueces del Consejo de la Magistratura, acerca de si existe o no protección judicial a clanes vinculados al narcotráfico", resaltó Romero en conferencia de prensa.

Romero detalló que los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) revocaron parcialmente la detención de Mayerling Castedo, liberaron con medidas sustitutivas a Joice Candia Castedo y se aprestaban a revocar la detención de Darío Candía Castedo, alias el Tinajas.

Los tres involucrados fueron encarcelados en Mocoví, de Beni, luego de que fueron identificados por el Ministerio de Gobierno como miembros de un clan vinculado al narcotráfico. El clan se descubrió luego de que una avioneta cargada de droga fue detenida en Paraguay.

Tras los beneficios judiciales a este clan, la Fiscalía Anticorrupción del Beni, en coordinación con el Ministerio de Gobierno, dispuso el jueves la aprehensión del presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, Juan Carlos Candía, y el vocal Jerónimo Manú por delito de prevaricato.

Romero explicó que el viernes en audiencia de medidas cautelares se determinó la libertad de los dos vocales. Los motivos de esta decisión los calificó como "una argucia política".

"Ayer (por viernes) se ha desarrollado una audiencia de medidas cautelares donde se ha dispuesto la libertad de estos vocales, bajo el argumento que la acción de prevaricato debería ser dispuesta por el máximo nivel de administración de justicia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Una argucia política", dijo.

Respecto a los cuestionamientos del Colegio de Abogados que, tras la aprehensión de los vocales demandaron el respeto al debido proceso, y la declaratoria de emergencia de la Asociación de Magistrados de Beni, por considerar de injerencia de otros poderes a sus decisiones jurisdiccionales, el ministro criticó la postura por considerarla una resistencia contra la lucha del narcotráfico.

"Me parece muy grave que el desbaratamiento de organizaciones vinculadas al narcotráfico por lo menos en apariencia se presente como resistida por algunas autoridades judiciales. Estamos pidiendo una profunda investigación", dijo Romero.

Resaltó que desde el Gobierno se mantendrán "vigilantes" a cualquier autoridad jurisdiccional que pretenda favorecer a presuntos narcotraficantes.

Fuente: La Paz, 6 (ANF)