Las disputas de tierras en Colombia, un riesgo para los líderes sociales
24 jun 2019
Fuente: Bogotá, 23 jun (EFE)
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La disputa de tierras y el vacío de poder tras la desmovilización de las FARC, ponen en riesgo a la población y líderes sociales del Sur del departamento colombiano de Córdoba, donde esta semana una joven madre fue asesinada delante de su hijo de nueve años.
La víctima, María del Pilar Hurtado Montaño, de 34 años y madre de cinco hijos, fue tiroteada por desconocidos en una de las calles de un barrio humilde de Tierralta, municipio del sur de Córdoba donde, al igual que en los vecinos Montelíbano y Puerto Libertador, la población civil está en riesgo permanente por la presencia de diversos grupos armados ilegales.
Según una alerta temprana de noviembre pasado de la Defensoría del Pueblo, al menos 22.132 campesinos e indígenas que habitan en las zonas rurales de esos tres municipios están a merced de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), herederas de los grupos paramilitares y enfrentadas a disidentes de la antigua guerrilla de las FARC.
En el caso de Hurtado, cuyo brutal asesinato y el desgarrador lamento de su hijo han estremecido a Colombia, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.
En el caso de Hurtado, cuyo brutal asesinato y el desgarrador lamento de su hijo han estremecido a Colombia, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, dijo a periodistas que al parecer "estaría relacionado" con una venganza de un cabecilla del Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, que es como las autoridades llaman a las AGC.
El director de la Fundación Social Cordoberxia, Andrés Chica, dijo a Efe que la mujer asesinada "no pertenecía a una organización social campesina pero sí tenía un liderazgo dentro de su comunidad en el marco de la invasión de un predio de propiedad del padre del alcalde" de Tierralta, Fabio Otero.
De esta manera salió al paso de un comunicado de la Alcaldía del municipio que horas después del crimen afirmó que Hurtado no era una líder social y tampoco estaba amenazada por las Águilas Negras, otro grupo heredero del paramilitarismo.
"El control paramilitar de las Águilas Negras y de las AGC sigue latente en Tierralta ante la vista gorda de las autoridades locales, policiales y militares", afirmó el director de Cordobexia, organización que denunció el asesinato de Hurtado.
La mujer, procedente de Puerto Tejada, en el convulso departamento del Cauca (suroeste), se había establecido en Tierralta hace más de diez años en busca de mejor vida, y esta madrugada su féretro llegó a su pueblo natal.
Pese a la indignación nacional por el crimen expresada en las redes sociales, el cadáver de Hurtado era velado este domingo casi en soledad en casa de su madre, Juana Montaño, acompañada solo por dos familiares, pudo constatar Efe, y su sepelio será este lunes.
Según Chica, más allá de si la víctima era reconocida como líder social o no, "estaba dentro del proceso de invasión del predio" de la familia del alcalde y su asesinato puede estar relacionado con esa situación.
"Esto ha llevado a una serie de amenazas sistemáticas y de asesinatos sistemáticos. Con María del Pilar son cuatro personas asesinadas por criminales que llegaron hasta sus casas y las mataron", afirma.
Por esas amenazas, "a Albeiro tocó sacarlo de Tierralta", dice sobre el presidente de Cordoberxia y secretario técnico del Consejo de Paz y Derechos Humanos de Tierralta, Albeiro Begambre, cuyo nombre apareció junto al de otros líderes sociales de la zona en un panfleto de las AGC que circuló el pasado 1 de junio.
La lucha por la tierra, que está en el origen del conflicto armado colombiano, no es algo nuevo en el sur de Córdoba, donde desde hace décadas paramilitares, guerrilleros y narcotraficantes se disputan a sangre y fuego los campos, dejando un reguero de muertos.
El nuevo escenario de enfrentamiento que tiene bajo fuego cruzado a los líderes sociales se origina "a partir de la dejación de armas por parte de las FARC y la subsiguiente generación de un vacío de poder capitalizado por las AGC para consolidar el ejercicio de poder hegemónico sobre la población, el territorio y las economías ilícitas", advirtió la Defensoría.
Fuente: Bogotá, 23 jun (EFE)
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