Gobierno sigue asfixiando a la prensa

Lo que ha sucedido recientemente, es que simple y llanamente el Gobierno incumplió su compromiso con los medios de comunicación, para levantar definitivamente una orden de publicación gratuita de avisos oficiales en medios impresos y de espacios particulares en medios audio visuales, lo que significa que en instancias del Poder Legislativo, no se tomó en cuenta la recomendación presidencial, para dejar libres de cargas onerosas a todos los medios de comunicación, que en adelante no deberían publicar avisos gratuitos para el Gobierno.

Una última comunicación, ampliada en la instancia de la Asociación Nacional de la Prensa ANP refiere, que conocido el avance del trámite en la Cámara de Senadores, se determinó que los medios de comunicación escritos continuarán con la publicación obligatoria de las leyes de la juventud: también con la de control, expendio y consumo de bebidas alcohólicas, además del decreto sobre la protección de niños y adolescentes. Esta decisión contradice el compromiso del Primer Mandatario de eliminar absolutamente toda la publicidad gratuita.

A propósito de la situación actual, parlamentarios opositores coinciden al observar que "aún existen tres normativas que obligan a difundir publicidad gratuita en los medios, además de que se anuncian sanciones contra los medios que incumplieran la publicación determinada, lo que significa un abuso contra derechos empresariales y transgrede lo que dispone la CPE cuando en su parágrafo III Art. 46, señala concretamente: "Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución". Para los observadores la infracción oficial persiste.

Se lamentó profundamente el hecho de incumplirse un compromiso contraído por el Primer Mandatario que instruyó la suspensión total de la medida, advirtiendo como justificativo que "el sentido de promover ciertas leyes ya se había cumplido a través de la amplia difusión de avisos (gratuitos) por parte de los medios de comunicación privados. Al incumplirse la instrucción superior, los afectados insisten en reclamar la eliminación de una medida que lamentablemente está asfixiando la economía de los medios privados, varios de estos que se verán obligados al cierre de sus actividades, algunos ya asumieron esa extrema medida.

Una instancia de mucha necesidad, será la de formular una denuncia ante el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exponiendo la crítica situación de los medios, afectados directamente en sus derechos al ser obligados a la publicación de avisos gratuitos en tamaños ordenados oficialmente. En los hechos, la situación se mantiene de forma atrabiliaria, y lo que se hubiera eliminado es apenas una mínima proporción del daño inferido a los medios que cada día deben extremar esfuerzos para sobrevivir, cumpliendo su misión de informar con veracidad, sosteniendo fuentes de empleo y contribuyendo a la vigencia de la democracia, la verdad y la justicia.

Si las leyes que establecían la "propaganda gratuita" han cumplido su cometido en la difusión de campañas sociales, como lo reconocen las autoridades de Gobierno, incluyendo el ministro de comunicaciones, para las organizaciones empresariales y gremiales de la actividad periodística, ya no se justifica seguir obligando a los medios la utilización de grandes espacios para difusión gratuita de campañas oficialistas.

Ya es tiempo de suspender de manera general la obligatoriedad de publicar avisos gratuitos para el Gobierno y además recibir injustas sanciones.

Fuente: LA PATRIA