Gestión pública y promoción electoral

Son dos cosas que deberían desarrollarse por "cuenta separada" y con validez para su cumplimiento, por parte de los funcionarios del Estado asumiendo que se cumpla con todo rigor la normativa sobre el tema contenido en la Ley de Régimen Electoral que en un artículo expreso señala las prohibiciones para "servidores públicos", los que no podrán hacer uso de bienes, servicios y recursos públicos, (en campañas electorales partidistas).

La restricción no puede ser más clara, sin embargo, hace mucho tiempo que se la incumple, aunque se aclare en medios oficiales que "no hay uso de bienes en proselitismo electoral", aun sabiendo de manera directa que los actos de agenda oficial son parte de un proselitismo abierto, aunque, por supuesto, los protagonistas, se cuidan de no convocar el voto de sus parciales para las elecciones venideras.

Según los opositores, el asunto está camuflado en la serie de actos que se programan y a los que asisten los candidatos del binomio oficial y algunos de sus más cercanos colaboradores, que hacen gran despliegue de propaganda oficial a favor de los gobernantes, sin mencionar el tema de "elecciones" pero sí concienciando el interés de parciales por las obras que entregan y las que ofrecen en el futuro.

Lo que sucede hasta el presente, es una muestra controversial entre el cumplimiento de algunas normas y el proceso disimulado de "socapar" arbitrariedades que son denunciadas, pero en ningún caso sancionadas oportunamente, quedando el antecedente como otro de los grandes errores de un órgano electoral, del que ha renunciado gran parte de su personal, para no comprometerse con un "fraude cantado", según afirman los políticos de oposición.

El hecho es que con inusitada frecuencia y desde varios frentes partidarios o de plataformas ciudadanas, se denuncia la vulneración de derechos en materia de promocionar ciertos programas de réplica política o en defensa de circunstanciales plataformas ciudadanas que defienden el respeto a la democracia, la justicia y las leyes. El resultado es que no hay ninguna atención a las quejas de una parte del electorado nacional.

En esas condiciones se desarrolla el proceso electoral, sin ninguna injerencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que hace de la vista gorda y oídos sordos ante los reclamos de partidos, plataformas y ciudadanos que de manera independiente suman reclamos ante el desconocimiento de sus planteamientos y las preocupaciones de un proceso que por lo menos hasta ahora está lejos de marcar y exigir el cumplimiento equitativo de las normas electorales.

Mientras se acrecientan las denuncias sobre uso indebido de los bienes del Estado, el caso de helicópteros, el avión presidencial, movilidades al por mayor y por supuesto recursos económicos fuera de control, el TSE guarda un silencio cómplice, como lo manifiestan los afectados, que en todo caso son los políticos o ciudadanos que buscan acomodo en el esquema electoral y que reclaman más derechos pues los que ejercen son muy limitados frente a los permisibles para un solo partido.

Lo que se reclama es que cuanto antes se establezcan condiciones de igualdad, de modo que la competencia política se desarrolle en una misma plataforma igual para todos los postulantes, de modo que los actos de gestión pública no sean utilizados - indirectamente - como propaganda electoral. Se trata de un planteamiento que muy bien puede controlar el TSE. Es una de entre muchas regulaciones que debería ejercer.

Fuente: LA PATRIA