Realidad de nuestra economía

De un tiempo a esta parte, la ciudadanía recibe una variedad de información económica desde diferentes fuentes, todas gubernamentales pero sin coherencia en su origen y en su real contenido, generando una serie de dudas, sobre el sensible tema de la situación real del país en materia de presupuesto y su sostenibilidad, la deuda externa y la manera de pagarla, la delicada disminución de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y su recuperación, por mencionar sólo algunas de las más apremiantes en su contexto de participación directa o indirecta de la población.

Según algunos organismos internacionales, todavía mantendremos cierta ventaja sobre algunos países vecinos en lo que corresponde al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque con una marcada disminución porcentual si se la compara con el mismo registro de un par de años atrás, en la observación de algunos entendidos financistas, lo que demuestra que hay "un bajón" que puede ser muy sensible, si sale de ciertos límites de control.

En criterio de algunos analistas del proceso financiero nacional, sucede que en los últimos 13 años, tiempo de gobernabilidad del actual régimen, es evidente que el rol del Estado ha sido regulado desde el orden financiero permitiendo algunos periodos de evidente bonanza, gracias a la vigencia de excepcionales precios para nuestras materias primas no renovables, el caso de hidrocarburos y parte de la minería, añadiéndose cierta ventaja en el rubro de manufacturas ocasionalmente y debilitado en el último tiempo por la invasión del contrabando y la importación autorizada de prendería china, incluyendo hasta ropa usada

Es importante señalar que por la vigencia de convenios "político-comerciales" se vulnera lo que establece nuestra Constitución Política del Estado (CPE) con referencia al modelo económico vigente reconocido como plural en el Art. 306 de la Carta Magna que abre alternativas de organización económica sobre los principios de "complementariedad, solidaridad, reciprocidad, redistribución igualitaria, seguridad jurídica, equilibrio, justicia y transparencia para lograr la sustentabilidad de una economía social y comunitaria que complemente el interés individual con el vivir colectivo".

Bajo esas premisas vigentes en la CPE, lo menos que se espera por parte del Gobierno, según los analistas, es que despliegue una coherente política que siendo eficiente, permita una positiva administración de la cosa pública y es ahí donde se exige el ejercicio de autoridad que gobierne con equidad, utilizando los bienes del Estado coherentemente, sin despilfarros y sin excesos, pues se trata del manejo de recursos que pertenecen a todos los bolivianos y que en tiempos críticos no pueden y no deben dilapidarse.

Hay que entender que nuestro país no es inmune a los efectos que causan las disputas y la abierta competencia de las potencias que lamentablemente velando por sus intereses manejan el rubro de precios y demanda de materias primas de acuerdo a su conveniencia, desconociendo los daños ocasionados en economías de naciones emergentes, pero aún dependientes de sus productos exportables.

Bajo estas condiciones claramente identificables y que son parte de un fenómeno de efecto regional, en el caso de nuestro país, es menester que se apliquen correctivos en la administración económica de acuerdo a la realidad vigente, lo que significaría un responsable manejo de recursos, pensando en que se puede vivir bien, sin derroche, evitando el uso indiscriminado de las RIN y un mayor endeudamiento externo. Es cuestión de seriedad administrativa.

Fuente: LA PATRIA