Cristina Fernández acude al juicio con bajo perfil y de nuevo en silencio

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La exmandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015), candidata ahora a la Vicepresidencia, volvió este lunes a los tribunales para seguir escuchando los cargos que se le imputan en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.

Se trata de la segunda audiencia de la primera vista oral a la que se enfrenta la actual senadora, que tiene fueros y no puede ser detenida, pero sí juzgada y eventualmente condenada.

Tras la sesión inaugural del martes pasado, que generó enorme expectación, tanto en la prensa como en el panorama político, Fernández acudió a los juzgados federales de Buenos Aires con un bajo perfil, de nuevo sin dar declaraciones a la prensa y manteniendo hasta el último momento la duda de si iría.

Y es que el viernes pasado, el tribunal encargado del caso la autorizó a no acudir a las primeras sesiones -en las que se leen las acusaciones- siempre que acredite que se superponen con su labor como senadora.

Sin embargo, hoy (ayer) no hubo sesión en el Senado y finalmente asistió, con escasa presencia de seguidores a las puertas de la sede judicial.

Dentro, y durante las poco más de cuatro horas que duró la sesión -con un breve descanso a mitad- la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) volvió a sentarse junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila, y pasó el tiempo consultando su teléfono móvil y lejos del resto de imputados.

Entre ellos, el empresario Lázaro Báez; su exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Además, en esta ocasión también acudieron a la sala -separados por un vidrio- personas del entorno de la expresidente, en señal de apoyo, como su exministro de Economía Axel Kicillof o la de cultura, la cantante Teresa Parodi.

Como en la primera sesión, los secretarios del tribunal narraron los cargos imputados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

"Los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández montaron una matriz de corrupción en la realización de obras viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez a expensas del erario público, antecedente necesario buscando el propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner", leyó uno de los secretarios.

En concreto, Fernández, que el 18 de mayo anunció su candidatura a la Vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obras, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas del detenido Báez, excolaborador y amigo de la pareja.

De empleado bancario a inicios de la década de 1990, Báez pasó a ser uno de los empresarios más poderosos de la provincia y el país de mano del kirchnerismo.

Según la acusación, en los 12 años de mandatos de Kirchner -fallecido en 2010-, y de su esposa, se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total en Santa Cruz -hoy gobernada por Alicia Kirchner, hermana del exmandatario-, muchas de las cuales quedaron inacabadas.

El caso se inició en 2008 por una denuncia formulada por, entre otros, la actual diputada oficialista Elisa Carrió, aunque tomó impulso en 2016 después de que la Dirección de Vialidad Nacional del Gobierno de Mauricio Macri denunciara que encontró una "maquinaria" que establecía sobreprecios del 50 % de media durante el kirchnerismo.

En la acusación volvió a hacerse hoy (ayer) hincapié en que se trata de un "plan criminal" para cuya articulación fue necesaria la intervención "concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de funcionarios públicos", así como del conglomerado empresarial de Báez.

De Vido es ubicado como quien los Kirchner tenían por mano derecha en materia de contratación y manejo de fondos públicos y por ello "su rol resultó esencial e indispensable en la estructura de la maniobra delictiva".

El caso se vincula con las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan los presuntos ´retornos´ de dinero público que el matrimonio presidencial habría obtenido a través de millonarios alquileres de inmuebles de su propiedad a las empresas de Báez.

Fuente: Buenos Aires, 27 may (EFE)