Inhabilitación de exdirector de Pemex abre puerta a más sanciones en México

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La inhabilitación de Emilio Lozoya, director de la petrolera estatal Pemex de 2012 a 2016, abre la puerta al Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a emitir más sanciones a funcionarios acusados de corrupción de la anterior Administración de Enrique Peña Nieto.

Lozoya, que quedó inhabilitado por diez años por dar información falsa en su declaración patrimonial y omitir en dos ocasiones una cuenta bancaria de cientos de miles de pesos, podría ser el primero en caer de una lista de funcionarios implicados en actividades ilícitas durante el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el miércoles que Lozoya y el titular de Pemex Fertilizantes durante su gestión, Edgar Torres, fueron inhabilitados por 15 años y multados por 620 millones de pesos (unos 32,7 millones de dólares).

Este jueves, el abogado Javier Coello calificó en medios locales de "errónea" la acusación de omisión de una cuenta de banco por parte de Lozoya.

"Fue un expediente administrativo que atendimos puntualmente, presentamos todos los elementos de prueba, ¿cuál es el fondo de esto? que la mamá de Emilio Lozoya en el 2010 aperturó una cuenta en Bancomer y puso como beneficiario a Emilio", explicó.

En 2010 Lozoya, según el abogado, vivía en Estados Unidos y en 2012, cuando fue nombrado director de Petróleos Mexicanos (Pemex), manifestó en su declaración que era beneficiario de la cuenta de su madre.

No obstante, lo que no declaró Lozoya, y por ello se le acusa según su abogado, es una cuenta de inversión derivada de la cuenta inicial de BBVA Bancomer.

"Pero la cuenta de Bancomer (la original) sí la manifestó Emilio Lozoya", aseguró.

Asimismo, dijo también que el motivo de la inhabilitación es más político que legal.

"No es que yo a fuerzas quiera decir que Emilio Lozoya es una blanca paloma, no. Lo único que estoy diciendo es que esto huele más a un tema político que a un tema legal", aseguró.

Por todo ello es que el abogado y su cliente presentarán un recurso de nulidad.

Aunque la inhabilitación es un hecho significativo para el nuevo gobierno, este jueves, López Obrador, cuestionado por la prensa sobre el tema, lanzó una evasiva y aseguró que hablaría del caso este viernes.

"Mañana hablamos de eso, es lo que ya está difundido, ya informó la Secretaría de Función Pública y si hace falta mañana hablamos más de ese tema", dijo eludiendo el tema con tranquilidad.

El analista político Salvador García Soto dijo este jueves a Efe que "el caso de Lozoya es un primer caso que podría indicar que se irá a por otros personajes del Gobierno anterior o de otros gobiernos".

Sería también el inicio de una muestra de firmeza y compromiso por parte de López Obrador con su discurso más repetido: acabar con la corrupción y la impunidad.

Hasta ahora este es el primer alto cargo que es inhabilitado, aunque los motivos, según consideró García Soto, son apenas un "resquicio" de los distintos casos en los que podría estar implicado Lozoya, investigado por el caso Odebrecht.

A inicios de mes, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, aseguró que en un plazo no mayor de 60 días se judicializará el caso Odebrecht, bajo la premisa de que "fue una maquinación delictiva".

Sobre Lozoya, apuntó que esta primera sanción tiene un componente simbólico por ser "un personaje que era visto como intocable" por ser uno de los hombres más cercanos del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Hay incluso evidencias de que el sexenio pasado fue protegido por el presidente", aseguró.

García Soto, columnista de El Universal, también aseguró que "primero tuvo la protección política del sexenio pasado, pero además se ha rodeado de abogados hábiles que le han ido librando de las investigaciones que se le abrieron en su momento".

Ulises Flores, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) dijo a Efe que "el gobierno de López Obrador va a buscar dar golpes de este tipo, a fin de seguir en la línea de combate a la corrupción".

Según señaló el miércoles la SFP, desde que el 1 de diciembre de 2018 entrase en vigor el Gobierno de López Obrador se han iniciado más de 6.200 procedimientos de responsabilidades administrativas y se han impuesto casi 400 inhabilitaciones a funcionarios de nivel operativo, incluidos directores generales.

Además, se han aplicado 112 sanciones económicas que suman un monto superior a 656 millones de pesos (unos 34,5 millones de dólares).

Fuente: México, 23 may (EFE)