Denuncian ante la CPI a Díaz-Canel y Raúl Castro por "esclavizar" a médicos

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La Asociación Cuban Prisoners Defenders anunció este martes que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) contra seis políticos cubanos, incluido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y su antecesor, Raúl Castro, por "esclavizar" a médicos cubanos.

La denuncia, interpuesta la semana pasada y hecha pública hoy (ayer) en una rueda de prensa, pide a la CPI que investigue los abusos que desde 2002 supuestamente han sufrido decenas de miles trabajadores cubanos, la mayor parte de ellos médicos, que se han visto forzados a trabajar en misiones internacionales en condiciones de "esclavitud".

"Denunciamos situaciones de auténtica esclavitud por cientos de miles de personas. Consideramos que la Fiscalía de la CPI podría perfectamente investigar esos hechos como crímenes de lesa humanidad", afirmó el letrado español Blas Jesús Imbroda durante la rueda de prensa en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Imbroda, integrante de la Asociación Cuban Prisoners Defenders, señaló como "máximos responsables" de esos crímenes a Díaz-Canel y Raúl Castro, actualmente primer secretario del Partido Comunista de Cuba.

A ellos se suman el ministro cubano de Salud, José Ángel Portal; el canciller, Bruno Rodríguez; el titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y la responsable de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, Margarita González Fernández.

Según datos del Ejecutivo Cubano, en 55 años se han enviado 600.000 brigadas de médicos y otros profesionales a 154 naciones con necesidades de personal o con crisis epidémicas, principalmente Latinoamérica y África, continente al que viajaron en 2014 para ayudar con la epidemia de ébola.

En anteriores ocasiones, el Gobierno cubano ha criticado los intentos de cuestionar "la dignidad, la profesionalidad y el altruismo" de los colaboradores cubanos.

Según el presidente de la Asociación Cuban Prisoners Defenders, el español Javier Larrondo, las misiones suelen durar tres años y, en ellas participan anualmente entre 50.000 y 1000.000 profesionales, 70 % de ellos médicos, pero también ingenieros, profesores y deportistas.

Larrondo aseguró que los profesionales son forzados a participar en "condiciones de esclavitud" con largas jornadas laborales y restricciones a su libertad, de forma que por ejemplo no pueden conducir un coche o tienen que pedir permiso a un supervisor para casarse.

Asimismo afirmó que las leyes cubanas penalizan con entre tres y ocho años de cárcel a quienes desertan de las misiones.

En muchos casos, según Larrondo, el Gobierno cubano quita a los profesionales el pasaporte para retenerlos "como si se tratara de una trata de blancas" y, además, les obliga a donar entre el 90 y el 75 % de su salario a las arcas estatales.

Al respecto, en su denuncia, la ONG asegura que las misiones no tienen un objetivo filantrópico, sino que se han convertido en la principal fuente de divisas del Ejecutivo cubano al permitirle recaudar anualmente unos 8.000 millones de dólares.

Las misiones se llevan a cabo en un centenar de países, 58 de los cuales han suscrito el Estatuto de Roma, la carta fundacional de la CPI, de acuerdo a la Asociación Cuban Prisoners Defenders.

Cuba no ha firmado el Estatuto de Roma y por tanto ese tribunal no tiene competencia sobre los delitos que se produzcan en su territorio.

Pero, los denunciantes argumentan que la CPI sí puede exigir responsabilidades a las 58 naciones que han suscrito ese Estatuto y acogen esas misiones, entre los que se encuentran cuatro miembros de la Unión Europea (UE), Italia, Portugal, Suiza y Malta; así como Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina.

Fuente: Washington, 14 (EFE)