Codelco resiste fiscalización directa en producción

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Un incremento sustancial. Eso es lo que registró la fiscalización que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) sobre Codelco durante el año pasado, en medio de la contienda judicial que la firma estatal mantiene con la Contraloría General de la República desde 2017 y mediante la cual busca que el organismo regulador no ejerza un rol fiscalizador directo sobre la empresa.

Así lo mostraron cifras del Ministerio de Minería, que dan cuenta que la fiscalización realizada por Cochilco sobre Codelco creció 4,8 veces en los últimos cinco años, pasando desde siete fiscalizaciones en 2014 a 34 el año pasado. De igual modo, la cifra más que se duplicó al considerar las inspecciones hechas en 2017 -cuando se registraron 15 informes- y las concretadas en 2018.

"Hubo un cambio de gobierno y, por lo tanto, un reordenamiento en Cochilco, que es la institución establecida por ley para fiscalizar a las empresas mineras del Estado -Codelco y Enami-, y en la actualidad, ha mejorado considerablemente su labor de fiscalización", explicó el ministro de Minería, Baldo Prokurica, quien destacó que Cochilco, además, realiza otras labores, como la elaboración de estudios y la aprobación de proyectos.

"Creo que en el rol de fiscalización había una falta de un trabajo a fondo para poder resguardar los intereses de todos los chilenos en una empresa que nos pertenece a todos, y este aumento en la fiscalización obedece justamente a eso", aseveró, añadiendo estar convencido de que "producto de la mayor fiscalización también se han producido cambios al interior de la empresa, especialmente en lo que son las licitaciones públicas y la adjudicación de proyectos que van en la línea correcta, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado en que esta función no se hizo bien".

El impasse entre la Contraloría y Codelco se originó hace dos años, cuando el organismo fiscalizador realizó una auditoría que abarcó el trienio 2013-2015 en la que se detectaron millonarios contratos entre la estatal y compañías de familiares de altos ejecutivos y directivos, los cuales en su mayoría se realizaron de manera directa a empresas relacionadas por un monto de US$ 783,2 millones.

Actualmente, la Alta Dirección Pública busca un nuevo vicepresidente ejecutivo, que reemplazará a Sergio Hernández, tras lo cual se realizará una "cirugía mayor en el área de Fiscalización", indicó Prokurica.

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Fuente: Mayo de 2019