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Viernes 10 de mayo de 2019

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Perspectiva Minera

Sin reglas claras no podremos aprovechar el potencial minero

10 may 2019

Es urgente la reglamentación de la Ley 535 de Minería y Metalurgia � Falta seguridad jurídica para la atracción de inversión internacional

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Mientras en los países vecinos se incrementa la producción minera y se afirma su industrialización, generando condiciones favorables en el desarrollo de comunidades y ciudades con clara mejoría en la economía de grandes poblaciones, en nuestro país, pese al anuncio oficial de grandes inversiones las mismas no se concretan, salvo las que corren por cuerda separada y tienen el respaldo directo del Gobierno, en función de los proyectos del litio y el hierro.

No hay una política clara en materia minera, actividad que se desarrolla entre la burocracia sostenida de la Comibol que en los últimos años y con el paso de varios ejecutivos no ha podido reestructurarse para asumir responsabilidad directa en la planificación y desarrollo de una minería productiva, eficiente y rendidora, como debería ser y no como la que persiste con un esquema sin visión de futuro y perspectiva.

Según varios estudios realizados sobre el potencial minero de Bolivia y que corresponden a organismos internacionales, técnicamente respaldados (por observación satelital) se sabe que "existe abundancia de recursos mineros tanto en la zona occidental como en la oriental" ratificando esa condición de que nuestro país es esencialmente minero, más allá de tradición e historia, faltando tan sólo la aplicación de una política minera, profesionalmente elaborada para su aplicación y desarrollo..

Según varios estudios realizados sobre el potencial minero de Bolivia y que corresponden a organismos internacionales, técnicamente respaldados (por observación satelital) se sabe que "existe abundancia de recursos mineros tanto en la zona occidental como en la oriental" ratificando esa condición de que nuestro país es esencialmente minero, más allá de tradición e historia, faltando tan sólo la aplicación de una política minera, profesionalmente elaborada para su aplicación y desarrollo..

La Ley 535

La Ley 535 menciona en varios artículos la necesidad de abrir fuentes de empleo en la minería, empezando por la prospección y exploración de nuevos yacimientos, lógicamente apoyando esas tareas con financiamiento adecuado, que al no poder ser cubierto por el presupuesto nacional, debe abrir las puertas a la inversión nacional o internacional con las garantías que conlleva tal situación y que lamentablemente, aún no están reglamentadas en la Ley.

Las autoridades saben que "son muchas las zonas inexploradas y sin ningún aprovechamiento, pero también saben que existe un potencial minero de incalculable valor que debe ser identificado" por lo mismo deben reconocer que la alternativa viable son las inversiones, pero hay que generar con urgencia las "reglas de juego" apropiadas que se identifican como seguridad jurídica y las suficientes garantías que eviten avasallamientos y que en todo caso, el Gobierno solucione entredichos en comunidades rurales, estableciendo con oportunidad la prioridad del mejor y buen uso de los recursos no renovables.

Tiempo atrás, el Primer Mandatario frente a la posición de algunos dirigentes de poblaciones en las que se oponían a la exploración y perforación de pozos petroleros, llamó la atención de aquellos, recordándoles que por imperio de la Constitución, los recursos naturales son propiedad de todos los bolivianos y para su beneficio. En el caso de los yacimientos mineros ocurre lo mismo, debiendo darse preferencia al desarrollo de proyectos que comprometan respeto a la Ley de Medio Ambiente y faciliten las seguridades de sana convivencia en futuros centros mineros y poblaciones aledañas.

Garantías de inversión

En el último tiempo se publican y se conocen algunas calificaciones de organismos internacionales, relacionados con índices de producción minera en Latinoamérica, también hay indicadores especiales sobre el funcionamiento de "Sistemas Legales" consignados en un ranking mundial relacionado con las actividades mineras que por supuesto consignan el importante movimiento de millonarias inversiones en este sector productivo.

Como lo señala la referencia con nuestro país, una de las barreras para la atracción de capitales es la inseguridad jurídica, "un lastre para Bolivia". A propósito del tema el ranking del Sistema Legal, sitúa a nuestro país entre los últimos lugares, el 79 entre 83 países evaluados a 4 del último y con mucha diferencia de posiciones que ocupan otros países sudamericanos y varios vecinos nuestros.

Una explicación a propósito del tema, muestra la poca confianza que el sistema legal boliviano inspira entre los inversionistas, añadiendo que este hecho no debe sorprender a la vista del marcado contraste entre los países vecinos, sus legislaciones y sus programas de geología regional, pero además deben considerarse elementos tales como las disposiciones regulatorias, el caso de orden tributario con impuestos competitivos, pero sobre todo la estabilidad de un sistema minero que ofrezca condiciones para alentar las inversiones especialmente en exploración minera y que no sean avasalladas.

Para que no existan dudas, una publicación de la Fundación Milenio incluye un reporte anual del Instituto Fraser de Canadá, que a su vez recoge las opiniones de expertos y de ejecutivos de empresas, clasificando a los países según su atractivo para captar inversión minera.

"La valoración de Bolivia en la última medición anual continua siendo tan mala como en los años anteriores", según el informe señalado, se ha vuelto poco atractivo y a nivel mundial se encuentra entre los últimos del ranking pertinente.

No hay decisiones

En lo que corresponde a las regulaciones sobre la materia, se recuerda que el sector empresarial de manera general, pero el de la minería especialmente han demandado al Gobierno la suficiente "seguridad jurídica" para que la inversión llegue al país, sin embargo no hay medidas concretas que demuestren esa intención que en algún momento se prometió aplicarla, pero no sucedió.

Entre resultados de las visitas que efectuó el Mandatario boliviano a varios países, ofertando condiciones propicias para las inversiones, tuvo una respuesta de la diplomacia europea que observó la ausencia de normas que permitan la llegada de inversiones. El Gobierno promulgó una Ley de Inversiones, como también promulgó la Ley 535 de Minería y en los hechos resulta que ninguna tiene su reglamentación apropiada, por lo mismo se insta al Ejecutivo trabajar en ese sentido para dotar al país de las condiciones más favorables para la atracción de inversiones.

Tratándose de inversiones mineras, la competitividad es muy amplia, permitiendo que gobiernos y empresas de los países vecinos tomen ventaja sobre el nuestro, ofertando atractivas condiciones y estímulos legales para interesar a inversionistas en la incursión de capitales y tecnología, situación que debe ser observada y en su caso imitada por nuestro sistema financiero para ser operable y abierto al interés nacional e internacional de inversiones.

Medios, Fund Milenio. PM.

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