Sin reglas claras no podremos aprovechar el potencial minero
10 may 2019
Es urgente la reglamentación de la Ley 535 de MinerÃa y Metalurgia
Â? Falta seguridad jurÃdica para la atracción de inversión internacional
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Mientras en los paÃses vecinos se incrementa la producción minera y se afirma su industrialización, generando condiciones favorables en el desarrollo de comunidades y ciudades con clara mejorÃa en la economÃa de grandes poblaciones, en nuestro paÃs, pese al anuncio oficial de grandes inversiones las mismas no se concretan, salvo las que corren por cuerda separada y tienen el respaldo directo del Gobierno, en función de los proyectos del litio y el hierro.
No hay una polÃtica clara en materia minera, actividad que se desarrolla entre la burocracia sostenida de la Comibol que en los últimos años y con el paso de varios ejecutivos no ha podido reestructurarse para asumir responsabilidad directa en la planificación y desarrollo de una minerÃa productiva, eficiente y rendidora, como deberÃa ser y no como la que persiste con un esquema sin visión de futuro y perspectiva.
La Ley 535 menciona en varios artÃculos la necesidad de abrir fuentes de empleo en la minerÃa, empezando por la prospección y exploración de nuevos yacimientos, lógicamente apoyando esas tareas con financiamiento adecuado, que al no poder ser cubierto por el presupuesto nacional, debe abrir las puertas a la inversión nacional o internacional con las garantÃas que conlleva tal situación y que lamentablemente, aún no están reglamentadas en la Ley.
Tiempo atrás, el Primer Mandatario frente a la posición de algunos dirigentes de poblaciones en las que se oponÃan a la exploración y perforación de pozos petroleros, llamó la atención de aquellos, recordándoles que por imperio de la Constitución, los recursos naturales son propiedad de todos los bolivianos y para su beneficio. En el caso de los yacimientos mineros ocurre lo mismo, debiendo darse preferencia al desarrollo de proyectos que comprometan respeto a la Ley de Medio Ambiente y faciliten las seguridades de sana convivencia en futuros centros mineros y poblaciones aledañas.
Como lo señala la referencia con nuestro paÃs, una de las barreras para la atracción de capitales es la inseguridad jurÃdica, "un lastre para Bolivia". A propósito del tema el ranking del Sistema Legal, sitúa a nuestro paÃs entre los últimos lugares, el 79 entre 83 paÃses evaluados a 4 del último y con mucha diferencia de posiciones que ocupan otros paÃses sudamericanos y varios vecinos nuestros.
Una explicación a propósito del tema, muestra la poca confianza que el sistema legal boliviano inspira entre los inversionistas, añadiendo que este hecho no debe sorprender a la vista del marcado contraste entre los paÃses vecinos, sus legislaciones y sus programas de geologÃa regional, pero además deben considerarse elementos tales como las disposiciones regulatorias, el caso de orden tributario con impuestos competitivos, pero sobre todo la estabilidad de un sistema minero que ofrezca condiciones para alentar las inversiones especialmente en exploración minera y que no sean avasalladas.
Para que no existan dudas, una publicación de la Fundación Milenio incluye un reporte anual del Instituto Fraser de Canadá, que a su vez recoge las opiniones de expertos y de ejecutivos de empresas, clasificando a los paÃses según su atractivo para captar inversión minera.
"La valoración de Bolivia en la última medición anual continua siendo tan mala como en los años anteriores", según el informe señalado, se ha vuelto poco atractivo y a nivel mundial se encuentra entre los últimos del ranking pertinente.
No hay decisiones
En lo que corresponde a las regulaciones sobre la materia, se recuerda que el sector empresarial de manera general, pero el de la minerÃa especialmente han demandado al Gobierno la suficiente "seguridad jurÃdica" para que la inversión llegue al paÃs, sin embargo no hay medidas concretas que demuestren esa intención que en algún momento se prometió aplicarla, pero no sucedió.
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