Probioma cuestiona independencia del Comité de Bioseguridad

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La fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) cuestiona la independencia del Comité Nacional de Bioseguridad (CNB). Advierte que, el decreto que da plazo de 60 días para aprobar nuevos eventos transgénicos de la soya destinados a la producción de biocombustibles, responderá a criterios políticos y no científicos, ni legales.

"Hay que señalar que el CNB es un ente político porque está conformado por dos delegados del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, un delegado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, un delegado del Ministerio de Salud, dos delegados del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, un delegado de la cancillería y un delegado del sistema universitario", señaló el director de Probioma, Miguel Crespo.

El investigador dijo que esto implica que el CNB está mayoritariamente manejado por el poder ejecutivo y no por científicos independientes, salvo el delegado de la universidad.

Crespo advirtió que el decreto supremo 3874 del 17 de abril, en su artículo único señala que: "de manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación de la soya evento HB4 y soya evento intacta, destinados a la producción de Aditivos de Origen Vegetal - Biodiesel".

Lamentó que con un decreto se haya sobrepasado toda normativa desde la Constitución hasta la Ley de la Madre Tierra que prohíben cultivar transgénicos e introducir otros eventos transgénicos. "Todas las normas que prohíben transgénicos en el país inhabilitan al Comité Nacional de Bioseguridad de recibir solicitudes para la introducción de cultivos y eventos transgénicos", dijo.

PROTOCOLOS

El aceleramiento de procedimientos advirtió el investigador, en contra del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, del que Bolivia es signatario y ha sido ratificado como Ley 2274 del 22 de noviembre de 2001.

"La suscripción al protocolo implica que se realicen estudios científicos serios de evaluación in situ, donde se siembren estas nuevas soyas transgénicas para ver sus impactos en el ecosistema y en la salud de los consumidores, lo cual mínimamente requiere dos campañas agrícolas, tanto en verano como inverno", señaló.

Dijo que, además, se debe observar todo el comportamiento y los impactos en los cultivos de rotación como el maíz, sorgo o girasol.

"Estamos hablando entonces de por lo menos tres años para la evaluación in situ y sus correspondientes análisis de riesgos. Sin embargo, para el sector de los agronegocios todos estos estudios de riesgo no son importantes ya que pretenden sembrar estas nuevas soyas transgénicas a partir de la campaña de verano de 2019-2020", manifestó.

Crespo advirtió de presiones para que se homologuen estudios de otros países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, lo que implica no acatar los acuerdos del protocolo de Cartagena, lo que implicaría grandes riesgos para la salud de los bolivianos.

"Para lavarle la cara a este decreto inconstitucional, que atenta contra el derecho humano a la alimentación y pone en riesgo la bioseguridad del país, el principal justificativo es que estas nuevas soyas transgénicas serán destinadas para la producción de biodiesel, dando a entender que no entrarán en la cadena alimentaria humana o animal", mencionó.

Sin embargo, dijo que separar las soyas transgénicas nuevas de la soya que actualmente se cultiva en Bolivia requeriría un desafío técnico costoso, que implicaría entre otros aspectos, cultivar las nuevas soyas en determinas áreas, lo cual consideró poco probable.

EPA Y EL GLIFOSATO

En este contexto, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) concluyó en recientes estudios que no hay riesgos para la salud pública "cuando se usa glifosato de acuerdo con su etiqueta actual y que el glifosato no es un carcinógeno".

Los hallazgos científicos de la agencia sobre el riesgo para la salud humana son consistentes con las conclusiones de las revisiones científicas realizadas por muchos otros países y otras agencias federales.

Si bien la agencia no identificó los riesgos para la salud pública en la evaluación de riesgos para la salud humana de 2017, la evaluación ecológica identificó los riesgos ecológicos.

Para abordar estos riesgos, la EPA propone medidas de manejo para ayudar a los agricultores a atacar los plaguicidas contra la plaga deseada, proteger a los polinizadores y reducir el problema de que las malezas se vuelvan resistentes al glifosato.

Fuente: La Paz, 4 (ANF)