Relator especial de ONU verifica reparación a víctimas de guerra salvadoreña

El relator especial de la ONU Fabián Salvioli verificó este martes en El Salvador el cumplimiento de medidas de justicia y reparación de las víctimas de la guerra civil (1980-1992), informó el Gobierno del país centroamericano.

La fuente indicó que Salvioli, relator para la Promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, se reunió con el presidente, Salvador Sánchez Cerén.

"Es la primera misión de verificación del relator en un país desde que asumió su cargo en 2018", apuntó el Ejecutivo salvadoreño en un comunicado.

En la cita participó el canciller salvadoreño, Carlos Castaneda, y la comisionada presidencial para los Derechos Humanos, Silvia Guillén.

Por su parte, Salvioli fue acompañado por Brenda Vukovic y Erik Fattorelli, miembros de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

Al término de la reunión, Castaneda explicó que "el relator se mostró muy agradecido porque El Salvador es el primer Estado que le autoriza entrar de manera oficial para conocer la situación de las víctimas del conflicto armado".

"Ha hecho un reconocimiento muy grande al presidente de la República porque nunca en la historia de El Salvador como en este momento hubo un esfuerzo tan grande por reparar a las víctimas, por buscar la verdad y que se haga justicia", añadió.

El conflicto armado entre la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el poder como partido desde 2009, y el Ejército salvadoreño, financiado por el Gobierno estadounidense, se saldó con unos 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

Por los crímenes de guerra cometidos solo purgan penas de 30 años de prisión el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de seis padres jesuitas en 1989, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por asesinar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.

La anulación de una ley de amnistía en 2016, por un fallo del Supremo, permitió la reapertura de procesos penales como la masacre de unos 1.000 campesinos por parte del Ejército en 1982 en El Mozote, la matanza de jesuitas y el magnicidio de san �scar Arnulfo Romero de 1980.

Fuente: San Salvador, 30 (EFE)