Persistente desaceleración económica

Un hecho evidente es que desde hace tres años con una serie de alternativas, la mayoría negativas, el sistema económico nacional es objeto de una marcada desaceleración cuyos efectos se sienten en los altos niveles financieros estatales, hasta los bolsillos de la ciudadanía que tiene menos circulante o que se desvaloriza en función de una abierta competencia generada por las economías vecinas, algunas con más problemas que otras y que se transfieren en su efecto a la nuestra que mantiene invariable la paridad del dólar con la moneda boliviana.

El movimiento financiero nacional, así se lo considere como uno de los más positivos de la región en su porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), como lo certifica un organismo internacional, nos demuestra que en los hechos hay necesidad de efectuar algunos "ajustes" internos que son parte de reconocer las restricciones en la "distribución de utilidades", especialmente a municipios, gobernaciones y universidades que también ya se han manifestado al respecto y las más activas buscarán soluciones prácticas para compensar el "desbalance" financiero nacional.

En materia de cifras y para quienes hacen un seguimiento del movimiento financiero nacional, hay que recordar la aprobación del Gobierno para la presente gestión 2019 de un presupuesto público para el país consistente en 214 mil 724 millones de bolivianos, de cuyo total hasta el 82 por ciento administra el Gobierno central a través de sus mecanismos internos contemplados en el TGN y las empresas públicas, disponiéndose el saldo de 18 por ciento para que administren las gobernaciones, los municipios y las universidades públicas, sistema generalizado en el que debe tomarse en cuenta un déficit fiscal de más de 21.500 millones de bolivianos, restricción que se aplica por quinto año consecutivo, con alguna variación en el monto global, pero de todos modos como sustracción al presupuesto del PGE.

�sta es la parte en la que los especialistas divulgan cifras sobre las necesidades financieras extraordinarias del Estado para cubrir sus obligaciones, lo que significa aumentar la deuda interna del ente emisor el BCB que se estima en 5.974 millones de bolivianos y la deuda externa con organismos como la CAF, el BM o el BID y que suman más de 15.528 millones de bolivianos, según estiman los expertos. En ese proceso de cubrir obligaciones, pocos días atrás el Gobierno se obligó a disponer de un fideicomiso de Bs.- 2.200 millones, con un plazo de 20 años para cubrir deudas atrasadas que se multiplicaban por efecto de intereses, en perjuicio de la economía de nuestro Banco Central.

Algo que es evidente y aunque se pretenda minimizar en las dependencias financieras del Estado es que los ingresos que recibe el país por el rubro de exportación del gas no han satisfecho las expectativas establecidas, generando una distorsión negativa de ingresos cuyo mayor impacto sintieron las entidades públicas, algunas que aumentaron su problema al crecer el desnivel en sus costos productivos, algo muy "regular" en varias empresas estatales que aprovecharán, seguramente, de un porcentaje del fideicomiso para nivelar su desajuste.

Dadas las características del problema, empresarios y productores de diversos sectores, convienen en sugerir al Gobierno la adopción de medidas de corto plazo para nivelar los desbalances que de agudizarse pueden alterar la situación, que por tradición social en nuestro país, se convertiría en protestas públicas y cuyo escenario serían las calles, algo que debe evitarse con ingenio y sin mentiras en el frente oficial.

Fuente: LA PATRIA