Nuevo modelo autonómico debe preservar unidad del país

La nueva Ley Marco de Autonomías y Descentralización recién aprobada por la Asamblea Plurinacional busca regular el régimen de autonomías vigente en el marco de la Constitución Política del Estado, y su mayor efectividad se podrá advertir cuando se coordine entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, debiendo ser el instrumento que garantice la unidad de los bolivianos y una equitativa distribución de recursos económicos para todos.

La nueva Carta Magna establece que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que además garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos preservando la unidad del país, mandato de estricto cumplimiento.

La Ley Marco de Autonomías empero congela el sistema actual de distribución de recursos a las regiones, dejando a los municipios relativamente tranquilos, porque coparticipan el 20% de los impuestos nacionales y tienen ingresos por el Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), además el 100% de las recaudaciones sobre la propiedad de inmuebles y vehículos, para mantener equilibrio en su presupuesto.

En cambio los gobiernos departamentales tienen las regalías sobre hidrocarburos, un 25% del impuesto sobre la comercialización de combustibles en el mercado interno, y la transferencia de los recursos para pagar sueldos al magisterio y sector salud. En el caso de Oruro la situación se complica porque la anterior administración Prefectural de Alberto Aguilar dejó un “hueco” económico de 260 millones de bolivianos, gran número de obras y proyectos en actual ejecución y otras concluidas impagas y lo que es más, se redujo el ingreso proveniente del pago de las regalías mineras por la ausencia de seguridad jurídica en la región.

A esto se suma el anuncio del vicepresidente del Estado Plurinacional, Álvaro García Linera, quien aseguró que “el Gobierno no dará más recursos a las regiones porque hoy cada municipio y gobernación, tiene tres veces más dinero que el año 2005 y que pedir más recursos es estrangular al Estado Central”.

Sin embargo Linera no explicó qué parte de los recursos asignados son transferencias de dineros para pagar haberes al magisterio y al sector salud, lo que representa una operación financiera y no fondos para invertir en las regiones, por lo que gobiernos departamentales, municipales e indígenas exigen que se les otorguen más recursos económicos para asumir las nuevas competencias que les asigna la Ley de Autonomías “Andrés Ibañez”.

En resumen la nueva ley mantiene la vieja y antigua estructura de otorgación de recursos a las regiones, no modifica las asignaciones presupuestarias a las gobernaciones y municipios, siendo además al Ministerio de Hacienda el directo encargado de supervisar y controlar el gasto público, lo que hace que el nuevo Estado Plurinacional sea más centralista que autónomo en las regiones, donde tampoco se podrá aplicar el cobro de nuevos impuestos, porque la Constitución Política del Estado fija que “los impuestos departamentales no deben ser análogos a los nacionales y a los municipales”, dejando un estrecho margen para crear más impuestos a partir de las gobernaciones.

La nueva ley “Andrés Ibañez” que será promulgada por el presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma este lunes en horas de la tarde, establece las bases de la organización territorial del Estado, los tipos de autonomía, el sistema de procedimiento de acceso a la autonomía y de la elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes competencial y económico financiero, pero no modifica la actual asignación de recursos que ocasionará serios problemas.

Habrá que esperar que el Poder Central ahora apoye a los gobiernos autónomos y demuestre su solidaridad instituida en la nueva norma donde además establece que actuarán conjuntamente con el nivel central del Estado en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la coordinación y cooperación permanente entre ellos utilizando mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos.

Ojalá eso se cumpla y se aplique la complementariedad que establece el nuevo régimen de autonomías sustentado en la necesaria concurrencia de todos los esfuerzos, iniciativas y políticas del nivel central del Estado y de los gobiernos autónomos, dirigidos a superar la desigualdad e inequidad entre la población y a garantizar la sostenibilidad del Estado y de las autonomías.

En definitiva el nivel central del Estado, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en beneficio de los habitantes del Estado, como rige en el artículo 10 de reciprocidad de la nueva Ley Marco de Autonomías.

Acción que debe darse a partir de la relación armónica entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, lo cual constituye una obligación como base fundamental que sostiene el régimen de autonomía para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la población boliviana con plena justicia social. Así el nivel central del Estado es responsable de la coordinación general del Estado, orientando las políticas públicas en todo el territorio nacional y conduciendo la administración pública de manera integral, eficaz, eficiente y de servicio a los ciudadanos, lo que nos muestra que tendremos no más una autonomía centralista.

Así también esperamos que se cumpla la norma fijada para asegurar la adecuada administración y el manejo honesto de los recursos públicos ahora los órganos públicos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas tienen la obligación de facilitar a la población en general y a otras entidades del Estado el acceso a toda información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, como única garantía que tiene el ciudadano para denunciar a los corruptos.

(*) Periodista