La corrupción socava la institución

Es un proceso invariable en su origen como en su destino final, la corrupción comienza en ciertos niveles de la administración púbica y termina dañando las instituciones más importantes de la cadena de servicios que deberían favorecer a miles de ciudadanos, pero sin dañar a centenares de estos, por la vigencia de una serie de trabas y artimañas que hacen del sistema operativo el más vulnerable, por su sometimiento a la burocracia, pero sobre todo por su inclinación a la obtención de beneficios por la vía de la ilegalidad y el incumplimiento de normas claras ajustadas a la legalidad y responsabilidad social.

En el último tiempo los registros periodísticos de varias ciudades han utilizado sus primeras páginas y los otros medios sus espacios de audiencia y visión, para mostrar una serie de hechos que, de todos modos y por muchas circunstancias, terminan como delitos que comprometen a connotadas instituciones, donde se han denunciado irregularidades y en las que se han alterado las funciones regulares de las mismas, perjudicando a conglomerados sociales que son parte de tales empresas y que deben soportar la incongruencia generada en el manejo discrecional de recursos que pertenecen a miles de asociados; como el caso de más de una empresa cooperativa telefónica u otras que incluso responden a la estructura social de la administración pública, donde algunos funcionarios han transgredido los márgenes de seguridad e idoneidad funcionaria.

El asunto tiene derivaciones particulares, pues mientras en algunos niveles del esquema administrativo institucional se defienden valores y se exigen acciones responsables por parte de funcionarios, incluyendo los que administran justicia, resulta que saltan a la vista varias irregularidades que ponen en riesgo los derechos ciudadanos, al comprometer estos en hechos de corrupción que no siempre son atendidos y juzgados correctamente, por lo mismo la impunidad se convierte en aliada de malos funcionarios que alteran servicios y favorecen bajo presión o por cuenta propia a terceros elementos, vulnerando leyes y sometiéndose a presiones de orden político, que son las más frecuentes en un estado corruptible.

Como se observa, los casos que se dan de corrupción en esferas de la administración pública o en el marco de empresas societarias de servicios, corresponden a denuncias que se producen por el seguimiento de irregularidades y el tope de paciencia para poner freno al abuso y el mal uso de bienes y recursos. Ese paso importante de la denuncia conlleva riesgos, pues por algunas circunstancias especiales, los que detectan los males, no siempre están garantizados por el servicio prestado, al contrario, pueden resultar contaminados, si los ilícitos tienen además intereses políticos, de ahí que son pocos "los valientes" que denuncian y son más los que prefieren callar sabiendo que la regla de impunidad es la que favorece a los transgresores.

Son muchos los casos de corrupción que se detectan cotidianamente en diversos niveles institucionales, de la administración pública especialmente, pasando por algunas sociedades colectivas e incluso dejando sin tratamiento el incumplimiento de algunas empresas extranjeras (chinas) que no cumplieron los convenios contraídos con autoridades bolivianas; el caso de carreteras inconclusas, un ingenio minero sin funcionamiento y otros hechos hasta de prepotencia laboral contra empleados bolivianos, hechos en los que prevalece la impunidad, que es práctica común en varios casos delictivos .

Enfrentar la corrupción y la impunidad, tendría que ser una acción valorada y respaldada plenamente por el mismo sistema judicial, como la única manera de limpiar "la casa por dentro" y resguardarla desde afuera.

Fuente: LA PATRIA