Justicia penal

Cada día se suscitan delitos de toda clase, robos, asesinatos, violaciones, etc., los mismos que después de una audiencia de medidas cautelares, en su generalidad, culminan con detención preventiva en los diferentes centros de reclusión, incrementando de esta manera la población carcelaria, lo que ocasiona un hacinamiento y superpoblación de reclusos en cada una de éstas y hace que la convivencia en ellas sea casi imposible.

En los 19 centros penitenciarios radicados en su mayoría en el área urbana, capitales y ciudades intermedias de Bolivia (6 en Cochabamba, 5 en La Paz, 2 en Beni, y uno en: Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz y Pando) se han organizado grupos de reclusos que lograron efectuar actividades ilícitas desde el tráfico de drogas, secuestros exprés venta de alcohol, etc., logrando inclusive dominar y administrar la vida de los demás internos.

La detención preventiva se ha convertido en norma para cualquier delito, cuando debería ser sólo en casos extremos para delitos graves que merezcan su reclusión, sin embargo existen personas detenidas por delitos menores y en algunos casos personas que cometieron delitos mayores con detención domiciliaria. Sensiblemente la justicia desde hace tiempo está atravesando por una crisis institucional, poca credibilidad y desprestigio total. Muchos sistemas penitenciarios de América Latina y el mundo están en crisis, lo que, por un lado, genera graves consecuencias que afectan a los detenidos, sus familias y las sociedades en su conjunto; y por otro, no contribuye a frenar el poder del crimen organizado. En el propósito de realizar un análisis y encontrar soluciones está la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito (Unodc) que se dedica, entre otros asuntos, a analizar la realidad de sistema carcelario en diversos países y promover políticas de mejoramiento de sus condiciones.

Referirse a los centros penitenciarios es ver la realidad de las cárceles en que muchos países tienden no sólo a estar lejos de los estándares internacionales -fijados como óptimos en el marco del respeto de los derechos humanos-, sino que también debilita el fin último de la pena de prisión: y la protección de la sociedad frente al delito. La acción de la Unodc en este ámbito se articula en torno a tres ejes desarrollados para abordar la crisis penitenciaria a nivel global: reducir el uso del encarcelamiento, mejorar las condiciones de reclusión y apoyar programas de reintegración social para las personas privadas de libertad tras su liberación. La naturaleza de la crisis penitenciaria en Bolivia es multidimensional y se manifiesta principalmente con altos niveles de hacinamiento o sobrepoblación y condiciones carcelarias inadecuadas.

Entre los factores que contribuyen a esta crisis penitenciaria, se pueden destacar: a) Medidas insuficientes para prevenir el delito, en particular la delincuencia juvenil b) Políticas de justicia penal de corte punitivo. c) Uso excesivo de la prisión preventiva y de reclusión en general, d) Escaso empleo de medidas alternativas a la detención preventiva. c) Carencia de Infraestructura penitenciaria e) Falta de apropiado y pertinente acceso a la asistencia jurídica. f) Inexistencia de medidas para promover la reintegración social y de prevención de la reincidencia, g) Deficiente atención a las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad.

En delitos de narcotráfico, es indispensable la reforma de la ley de la hoja de coca que debe separarse de los delitos de elaboración y tráfico de drogas. Es primordial analizar la situación de vulnerabilidad de las mujeres en reclusión que tiene que ver con todo el sistema penal y en especial con la ley de sustancias controladas. En Bolivia se penaliza excesivamente a las mujeres en comparación a otras partes del mundo. A nivel global el número de las mujeres privadas de libertad ha aumentado en un 50% en los últimos 15 años, mientras que el número de hombres privados de libertad ha aumentado un 18%. Las mujeres privadas de libertad, en Bolivia, constituyen el 8,1% de la población penitenciaria, frente al 6,3% del promedio mundial, el 6,1% de América Latina y el 8% en América del Norte, con exclusión de Estados Unidos.

Es preocupante, la situación en la que viven las mujeres dentro de los centros de reclusión, el respeto a su condición de mujer, el trato y sus derechos constitucionales, sobre todo la cantidad e incremento de población femenina se deben a las políticas penales de corte punitivo. La sociedad, alimentada por datos mediáticos, prefiere encarcelar a ver al delincuente reintegrado, lo que incita a un uso excesivo y abusivo de la reclusión. La detención debería ser un último recurso, pero sensiblemente se ha transformado en la norma y en uso abusivo en razón de que deberían estar detenidos delincuentes con sentencias por delitos graves, sin embrago en la actualidad todos se encuentran mezclados es decir personas con delitos menores están junto a delincuentes con delitos mayores y reincidentes.

Al problema de justicia, detención preventiva y hacinamiento carcelario se debe encontrar posibles soluciones, porque se trata de una crisis global del sistema penitenciario, donde se encuentran altos niveles de hacinamiento carcelario, excesivo uso de la detención preventiva y escaso acceso a la asistencia jurídica, entre otros síntomas y factores. Para efectuar un análisis se debe enfocar el problema en tres áreas fundamentales: 1) Reducir la reclusión 2) Mejorar las condiciones de vida de los privados de libertad, y 3) invertir más presupuesto en reinserción, reintegración social y prevención de la delincuencia.

El encierro no ha reducido la delincuencia y sensiblemente no existe un Sistema de Justicia Penal adecuado. Se incrementan los años de prisión y no existe inversión en integración social o reinserción. Hay estudios que indican que el 70% de los privados de libertad reinciden por falta de reinserción y reintegración social y por falta de políticas de prevención del delito y de la reincidencia. Si bien el encierro es un castigo para quien comete un delito, la reclusión sólo debería darse para delitos graves y reincidencia; de acuerdo a los resultados parecería que no está bien orientado, porque no se puede cumplir con los derechos humanos de los privados y privadas de libertad, y tampoco se puede cumplir con el fin último del encarcelamiento que es la protección de la sociedad frente al delito.

No se trata de aumentar las penas o años de prisión sino trabajar en la reinserción del interno a la sociedad. En todo el mundo se recurre cada vez más al encarcelamiento como forma general de castigo, aunque existan pocas pruebas. Las reglas y normas de las Naciones Unidas abogan por el uso del encarcelamiento sólo como último recurso y que se utilice con la menor frecuencia posible, de ese modo no será necesario construir nuevas cárceles.

* Es ingeniero