Fiscal declara sobreseimiento al dueño de Royal Gold y abogadas ven irregularidades

Después de 10 audiencias suspendidas y seis meses de ventilarse el proceso penal en contra del dueño de la empresa Royal Gold, Harout Antranik Samra, y de su socio, José Antonio Valdez, por el presunto delito de estafa, el fiscal Wilson Medrano dio curso al sobreseimiento a favor de dichos procesados. Las abogadas de la parte demandante anunciaron presentar un recurso jerárquico de impugnación y observaron irregularidades.

Aproximadamente a las 15:35 horas de ayer, la secretaria abogada del Juzgado Séptimo de Instrucción en lo Penal dio a conocer a las partes interesadas y en ausencia del principal procesado, Harout Samra, que el fiscal Medrano determinó el sobreseimiento de los dos imputados.

Dicha resolución firmada por el fiscal el 28 de marzo recién ingresó al Juzgado de origen al 1 de abril a través del Juzgado Cuarto Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres.

Mientras que el abogado Erick Seifert, defensa de Valdez, dijo que resta que la Fiscalía notifique a las partes para que vean qué hacer. "Ya se ha terminado el juicio (...) es su derecho de las abogadas si quieren impugnar".

La resolución de sobreseimiento fechada el 28 de marzo, dice, en sus partes conclusivas: "Dispone el archivo del presente caso, previas las formalidades legales, concretamente lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 324 del Código de Procedimiento Penal".

El sobreseimiento, que lleva el sello de recepción del Juzgado Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres, dice: "Sin entrar en mayores consideraciones de orden legal y en aplicación del principio jurídico ´in dubio pro reo´ (�?) siguiendo el principio de objetividad, que no solamente es de acusar sino también de eximir, se determina el sobreseimiento para los imputados".

IMPUGNACI�?N

JERÁRQUICA

En la víspera, las abogadas Adma del Carmen Inchausti y Roxana Cuba, en calidad de denunciantes y representación legal de Vicken Bedoyan Azat, ciudadano estadounidense que se querelló contra Harout Samra y José Valdez por presunta estafa, manifestaron sentirse seguras que el principal imputado sería declarado rebelde de la justicia boliviana, en mérito a las pruebas presentadas y la ausencia del imputado del país desde agosto de 2018.

"Pasaron seis meses desde la imputación, tiempo en el cual se suspendieron 10 audiencias de medidas cautelares porque simplemente Harout Samra se fugó del país después de conocer la imputación formal en su contra y, a pesar de ello, ha sido beneficiado por la jueza a pesar de estar fuera de Bolivia", lamentó Cuba tras conocer la decisión de la Fiscalía.

La jurista detectó varias irregularidades en el proceso, como el cambio de fiscal en los últimos días y el ingreso del sobreseimiento a través de un juzgado donde no se ventila el caso. "A la jueza Jhanet Choque solo le pedimos que administre justicia, pero tuvimos que denunciarla por incumplimiento de deberes", dijo.

Por su parte Inchausti dijo que tiene mucho que ver el monto de dinero en juego, ya que Vicken Bedoyan exige la devolución de $us 60 millones de dólares a su ex socio, actual dueño de Royal Gold.

"Harout Samra no ha presentado ni un documento que desvirtúe la macro estafa cometida", destacó.

Ambas juristas anunciaron la presentación de un recurso jerárquico de impugnación ante la Fiscalía Departamental. El proceso entre tanto quedará en estatuto quo hasta dentro del periodo de 10 días el Fiscal Distrital se pronuncie.

ANTECEDENTES

Vicken Bedoyan Azat reclama la devolución de al menos $us 60 millones a los imputados, basado en sociedades que realizó hace varios años y los envíos de dinero a sus exsocios.

El 5 de octubre de 2012, Bedoyan Azat su cliente, Marco Ossio y Harout Antranik Samra constituyeron la comercializadora Bedoyan & Sambra S.A para dedicarse a la prospección, exploración, explotación, concentración, procesamiento, manufactura, fundición, refinación, importación, exportación, control de calidad y comercialización de minerales.

Solo 14 días después, Harout Antrank Samra constituye, junto con Valdez Rubín de Celis, una nueva empresa denominada WPM-LPZ-BOL SRL, donde el primero figura con el 99% de las acciones frente al 1% de su socio. En esta nueva empresa no figura el demandante.

"Esta empresa WPM la ha mantenido abierta Harout porque ha sido su carta de presentación en EEUU para iniciarle un proceso a nuestro cliente y pedirle el 50% de la refinería que tiene en EEUU que es WPM Miami, cuando no ha puesto ni un peso en ese emprendimiento. Mientras que, en La Paz, WPM no tiene oficinas porque es la misma dirección de Royal Gold", aseguró.

Tres meses después de la constitución de WPM, Royal Gold fue constituida con cuatro socios, según las escrituras notariadas, donde figuran como socios con capital accionario del 25% cada uno: Harout Antrak Samra, Elya Yagudaev, Eddi israelov y Yohan Gonzales.

Pero cuando salió la imputación formal por estafa Yohan Gonzales vendió sus acciones a Samra y la nueva sociedad se constituye con tres miembros: Harout Sambra (50%) y los hermanos María Teresa Camacho (25%) y José Martín Camacho (25%).

Según Adma Inchausti, "Royal Gold se constituyó en la mayor comercializadora de oro ilegal del país".

A pesar que Harout Samra se encuentra fuera del país, no le ha impedido recibir grandes cantidades de dinero por la comercialización de oro, según Inchausti.

"Solo el 2014, Royal Gold fue la empresa que más oro ha exportado desde América Latina, más de 48 toneladas, más de lo que ha vendido el Estado boliviano, y lo que reclama nuestro cliente es la estafa de $us 60 millones; siendo que entre particulares sería el proceso más grande del siglo", apuntó Inchausti.

De acuerdo con datos oficiales, Royal Gold concentra el 29.48% de la comercialización del oro en Bolivia, seguido de SHR Oriental (26.56%), Auribol (16.48%), Yellow Tree (11.01%), Saavedra Oro (6.21%), Doral (5.14%) y BRG (5.12%). En Bolivia más del 99% de la extracción del oro está en manos de los cooperativistas.

Las oficinas de Royal Gold se encuentran fuertemente resguardadas por policías estatales contratados. Al interior se leen letreros que informa que no se compra oro en joyas o en monedas, ni tampoco oro con mercurio.

Fuente: La Paz, 03 (ANF)