El pueblo necesita informes completos

Desde hace tiempo, la sociedad civil vive diariamente interesada en su propia subsistencia y por lo mismo está interesada en la marcha del Estado, en la política que se desarrolla con fines sociales, en el gasto público y el buen uso de los recursos que en realidad son del pueblo, pero que mayormente pasan desapercibidos en su uso y utilidad práctica, justamente por falta de adecuada y oportuna información oficial.

Muchas cosas se desconocen hasta que alguien pone el dedo en la llaga y salta la parte mala de transacciones, gastos indebidos, no autorizados, excesivos y sin rendición de cuentas al final del usufructo. Cuando se descubre el hecho, puede que haya pasado buen tiempo sin levantar sospechas, pero en materia de gastos irregulares, más tarde o más temprano, las cuentas deben aclararse.

Así transcurren muchas gestiones, buenas, regulares o malas, con gastos justificados, por lo mismo relievados en discursos, boletines, videos y lanzados a las redes sociales, lo que no pasa cuando se trata del uso arbitrario de ciertos fondos cuyo destino es forzado y guardado en reserva, hasta que salte la liebre, generalmente de oposición.

Las cosas se manejan de ese modo en nuestro Estado político, por lo mismo la opinión pública se sorprende con denuncias sobre "supuestos malos manejos", cuando ese proceso pudo evitarse con una apropiada rendición de cuentas, limpia y acorde al tiempo y espacio de su uso

Pero�y los peros a las cuentas suman y se multiplican, por supuesto con cifras que alarman por su destino y por la poca eficiencia en su gasto, debido especialmente a la falta de control o directamente por autoritarias disposiciones que contravienen las normas legales del gasto público y el sometimiento a una elemental auditoría obligada y eficiente.

Uno de los temas de alta relevancia en los últimos días, tenía que ver con los gastos que realizó el Gobierno en todo el proceso sustentado contra Chile y que se desarrolló en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Implica gastos de abogados, viáticos para las variadas comisiones que viajaron al escenario de justicia, el caso de los directos interlocutores en la demanda marítima y de los servilones, adjuntos - innecesariamente - a las delegaciones. El gasto ha sido millonario y de manera oficial no hay un "estado de cuentas" para conocimiento de la opinión pública. En el ínterin de este reclamo ciudadano a través de los representantes parlamentarios (opositores) han surgido denuncias específicas, por supuesto con fines político electoralistas, involucrando al vocero de la causa, el ahora candidato Carlos Mesa, quien se adelantó en negar acusaciones en su contra.

El asunto pasó a la convocatoria del ministro de área para que informe sobre los gastos del tema marítimo, en la instancia parlamentaria. Sucedió lo de siempre, el ministro interpelado utilizó su tiempo con argumentos que no aclararon lo que desea saber la colectividad, pero salió con aplausos, dejando interrogantes sobre gastos realizados.

En el caso señalado y en otros muchos sobre gastos del Estado, falta una apropiada rendición de cuentas y el informe público pertinente para que la sociedad civil conozca el destino efectivo de los recursos públicos, que es dinero del pueblo, no del Estado, entiéndase como Gobierno.

Fuente: LA PATRIA