La Declaración de Berlín: hacia un modelo humano de política de drogas

La Declaración de Berlín es un documento de alcance global promovido por la Iglesia Evangélica Protestante de El Salvador (Iepes) como gesto para los 500 años de la Reforma Protestante. En los hechos, es un documento que clama por el fin de la Guerra contra las Drogas, cuyo fracaso ya se ha reconocido ampliamente. Surgió como idea en un encuentro en Berlín debido a la preocupación compartida sobre el masivo y desmedido atropello a los derechos humanos que provocan las actuales políticas de drogas en muchos países donde se ilegalizaron plantas de uso múltiple y milenario, principalmente en Latinoamérica y el Sudeste asiático.

Presentado en un evento sobre Política de Drogas y Derechos Humanos titulado: "Christianos/as exigen: Paren la guerra contra las drogas. Un aporte no convencional al Kirchentag", en el Museo de Cáñamo en Berlín. Un side event organizado por la Iepes con el apoyo de comunidades locales en el marco del Kirchentag 2017 en Berlín, por lo que el impacto de la declaración es un duro golpe a las macro estructuras que ignoran la trascendencia de un tema estratégico para el desarrollo, la salud y seguridad de nuestras sociedades, buscando ser una herramienta útil y efectiva de presión e incidencia política en el debate internacional para la reforma de políticas de drogas, y cuyo texto dice así:

´La actual Guerra Contra las Drogas se ha convertido en una espiral cada vez más destructiva. Los principios en los que se basa la prohibición han demostrado ser un total fracaso. El intento de un mundo sin drogas a través de la reducción de la oferta y la abstinencia mediante la violencia del Estado no coincide con las realidades de cada continente y región.

Fomenta estructuras antidemocráticas, represivas y autoritarias que fortalecen la influencia económica del crimen organizado. La guerra global contra las drogas conduce a violaciones sistemáticas de los derechos humanos, corrupción, aumento masivo en el número de detenciones y procesos judiciales, además de aumentar significativamente los riesgos sociosanitarios entre las personas que usan drogas ilegalizadas.

La prohibición es un camino político errado que ha mutado en una ideología mórbida. Mientras la guerra contra las drogas escala desmesuradamente en el Triángulo Norte de Centroamérica y el Sudeste Asiático sembrando terror y muerte, la aplicación de sustancias ilegalizadas en ámbitos científicos y psicoterapéuticos y la descriminalización de las personas que usan drogas avanza en otras regiones profundizando las incongruencias del prohibicionismo. Demostrando que los esfuerzos de la sociedad civil y la comunidad científica en materia de incidencia política y pública están contribuyendo para que las Personas Que Usan Drogas (PQUD) tengan mejor calidad de vida y que aquellos que padecen de un uso problemático puedan acceder a los servicios sociosanitarios adecuados a través de políticas públicas concretas basadas en metodologías de reducción de daños.

Por ello, y ante el sufrimiento de millones de personas que padecen las consecuencias de la Guerra Contra las Drogas, nosotros como hombres y mujeres de diversas cosmovisiones, cristianas y cristianos, activistas, librepensadores, defensores de derechos humanos y personas que usan drogas dirigimos esta exhortación a Naciones Unidas, a la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, a la Comisión de Narcóticos y Drogas, la Unión Europea, la Cicad, la OEA, la Celac, Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños, a los políticos, las iglesias, comunidades y organizaciones sociales:

a. A terminar la guerra contra las drogas. Acorde con el cumplimiento del "proceso conciliar por la paz, la justicia y la creación", exhortamos a organizaciones basadas en la fe, comunidades cristianas, agrupaciones laicas, asociaciones civiles, organismos internacionales y organizaciones sociales a abogar activamente por el fin de la guerra contra las drogas.

b. Exhortamos a la necesaria profundización de la cooperación judicial para el combate real al crimen organizado, el lavado de dinero y blanqueo de activos.

c. Promover y analizar nuevas propuestas alternativas al prohibicionismo y la represión como política.

d. Implementar prevención de abuso y educación relativa a las drogas basadas en estrategias de Reducción de Daños y Riesgos y desde una perspectiva de Derechos Humanos.

e. Promover y ocupar mayores espacios para la sociedad civil en el proceso Post-Ungass

f. Financiamiento de campañas internacionales que incluyan información sobre las políticas de drogas internacionales y locales, información para la prevención y educación validadas con datos científicos honestos desprovistos del prejuicio y mitificación de las personas que usan drogas y de las sustancias mismas.

g. Que se reconozca la privacidad de las personas que usan drogas para decidir libremente sus conductas de vida y autodeterminación´.

*Abogado, Politólogo