Corrupción pone en duda seguridad policial

Algo que realmente preocupa a la sociedad en su conjunto es la corrupción que se detecta en el organismo policial, precisamente donde menos se piensa que puedan existir actos reñidos con la ley y que ponga en riesgo la seguridad y patrimonio de policías, de sus familiares y hasta de terceras personas, cuando se denuncian hechos insólitos protagonizados por policías de alto grado y en funciones de servicio público.

En el último tiempo se han dado varios casos comprometiendo a cierto número de policías que se han visto enredados en hechos ilícitos y el detalle confirma que en el tiempo de avance de la presente gestión, poco menos de tres meses, hay cinco casos registrados oficialmente y con 33 policías implicados, entre estos algunos jefes de la organización policial.

El delicado problema preocupa a las autoridades de la institución, cuyo comandante nacional, el General Rómulo Delgado, aseguró que se investigan los hechos y que no se encubrirá a ningún funcionario policial, advirtiéndose que al encontrarse indicios de culpabilidad los culpables serán dados de baja. Para observadores del asunto, la decisión estrictamente policial, responde a características sancionatorias de la institución, sin embargo la misma Policía debería encaminar los procesos hacia el nivel judicial, para que se aplique la Ley y se castigue a los malos policías.

Se trata de hechos que han sacudido a la institución verde olivo, pero además y es lo peor, los hechos conocidos que tienen variables en su ilícito cometido, han generado un abierto rechazo de la comunidad hacia la Policía, considerando que "ya no hay confianza en un organismo que debería ser ejemplo de rectitud y seriedad".

En el frente profesional del sector, se dice que la corrupción en la Policía Boliviana es un problema estructural y parte de la solución exige cambios en la Ley Orgánica institucional para adecuarla al tiempo actual y las condiciones en que funciona la Policía en general, tomando en cuenta que "antes no se conocían estos ilícitos, el crecimiento del organismo y con seguridad los bajos salarios, son causa del incumplimiento de normas por parte no sólo de clases y oficiales, sino también de altos jefes con jerarquía en cargos hasta de comandantes departamentales.

Ante la situación creada por esta serie de hechos, se sugirió la organización de una "comisión legislativa" para que investigue la corrupción policial, aspecto que sin embargo fue rechazada en niveles políticos del mismo parlamento, poniendo en duda la imparcialidad de comisiones que por su tendencia oficialista, evitarían la aplicación de sanciones adecuadas a los delitos cometidos.

Por las apreciaciones de algunas autoridades y de ciertos parlamentarios, incluyendo la opinión del ministro de gobierno, tras cumplidas las investigaciones y comprobados los delitos, se dispondría "la baja" de los culpables, considerándose el hecho como una "fuerte sanción", aspecto que no admiten políticos y parlamentarios de oposición, señalando que el castigo debe aplicarse en el marco de las leyes, como sucede con cualquier ciudadano.

Frente a ésta serie de hechos, reconociendo que el asunto es estructural y pasa por ajustar la Ley Orgánica, no siendo evidente que aprobando la Ley 101 de régimen disciplinario se cambie la situación. Lo que se requiere de manera concreta es cambiar toda la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, estableciendo nuevos principios de ordenamiento interno. De lo contrario no habrá soluciones y la imagen de la institución no podrá recuperarse porque se mantendrá abierta una puerta a la corrupción.

Fuente: LA PATRIA